Como en las “épocas de Pablo Escobar”, un temido “plan pistola” de la banda armada Clan del Golfo ofrece $ 700 por cada policía muerto en nueve departamentos de Colombia, donde su lucha por tener el control del narcotráfico pone en riesgo el fin de la violencia en el país.
Desde mayo ha matado a 9 policías y herido a otros 37, según el diario español El País. Autoridades activaron protocolos especiales en varias ciudades para prevenir ataques.
Entre enero y mediados de mayo de este año, la Policía capturó a más de 1.300 miembros de esta banda, abatió a 52 de sus cabecillas y le decomisó 90 toneladas de cocaína. Su líder, Dairo Úsuga, alias Otoniel, es el más buscado del país y su cabeza vale $ 5’000.000.
Según el director de la Policía Antinarcóticos, general José Mendoza, el Clan del Golfo y otras grandes bandas son responsables del 70% de la cocaína que produce Colombia, el mayor productor de esta droga con 646 toneladas en 2015, según la ONU. El ELN, único grupo rebelde activo del país y que negocia la paz en Ecuador, comparte con pequeñas organizaciones el 30% restante.
Mientras las FARC cumplen con su desarme y ayuda en la identificación de rutas y erradicación de cultivos ilícitos, 5 grupos armados buscan ocupar las zonas que deja para extender su poder y apoderarse de actividades ilegales como narcotráfico, minería ilegal y extorsión.
Tratando de impedir esto, el presidente Juan Manuel Santos activó un plan para sustituir 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca por banano hasta 2018. Sin embargo, campesinos han mostrado preocupación por los beneficios económicos que pueden obtener al comercializar ese producto, según el diario caleño El País.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, dijo a Reuters que las bandas de narcotráfico, ELN y disidentes de las FARC son ahora el mayor desafío para la seguridad y la consolidación de la paz, un proceso que “tardaría 10 años” para neutralizar a los grupos ilegales armados.
Para Carlos Espinosa, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, los disidentes de las FARC solo “representan el 5%” de esa guerrilla, y estos se unirían a la corriente de grupos armados delincuenciales. Añade que lo que ocurre es una “redistribución del negocio existente” del narcotráfico.
Además del Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Puntilleros buscan ganar esos espacios. Estos últimos también son antiguos paramilitares, mientras que algunos de Los Pelusos pertenecieron al Ejército Popular de Liberación, una guerrilla que firmó la paz en 1991.
Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, afirma que el 98% del territorio de las FARC quedó vacío y estas organizaciones están ocupándolo. En total estos grupos cuentan con unos 3.800 combatientes, además de sus redes de apoyo.
El Gobierno envió 65.000 militares y policías a ocupar las zonas desalojadas. Rodríguez agregó que a estas apartadas regiones el Estado también debe llegar con jueces, salud, educación, carreteras e inversiones para superar la pobreza.
Uno de los sitios de mayor conflicto es el puerto de Tumaco, una zona con 16.960 hectáreas de cultivos de coca, cerca de la frontera con Ecuador, que se disputan el Clan del Golfo y disidentes de las FARC. Incluso desde este punto Washington Prado, el “Pablo Escobar ecuatoriano” despachaba a la semana, tras aprender de grupos colombianos, entre 10 y 12 lanchas cargadas con 800 o 1.000 kg de cocaína hacia México, antes de ser apresado en abril.
En tanto, Jimena Reyes, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, dijo a El País que el fin del conflicto con las FARC no será suficiente para solucionar la crisis humanitaria del país: “Nos preocupa que podamos ir hacia una mexicanización en algunas zonas de Colombia, donde se ataca a los líderes y a los que quieran recuperar sus tierras”. (I)
