Así se aliaron paras, empresas bananeras y Fuerza Pública hasta provocar una guerra sangrienta en el Urabá
Gracias a la financiación por parte de empresarios del gremio bananero y al apoyo del Ejército, los grupos paramilitares aparecieron en la región a mediados de los años ochenta del siglo pasado.
Los responsables de la violencia que ha vivido la región del Urabá, entre los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, no se limita a los grupos paramilitares. Desde los años ochenta del siglo pasado, las empresas nacionales y multinacionales que controlan el mercado bananero y los ganaderos de la zona han financiado un conflicto armado que dejó 47.657 muertos y 581.293 desplazados entre 1985 y 2014.
En el informe ‘La sombra oscura del banano en Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado’, presentado esta semana por la Fundación Cultura Democrática y la Corporación Opción Legal ante la Comisión de la Verdad, se evidencia cómo el modelo económico de la región es uno de los precursores de la violencia que todavía se vive, entre otras cosas, por el interés de acumular tierras y por el narcotráfico.
Pero, ¿por qué las empresas bananeras y los ganaderos del Urabá decidieron apoyar y financiar grupos paramilitares? Bueno, según la investigación que se hizo para armar el informe, entre finales de los años setenta y 1985, varias guerrillas se asentaron en las áreas rurales de la región. Estos grupos extorsionaban y agredían a empresarios, comerciantes y administradores de fincas. También saboteaban sus operaciones y producciones. Lo hacían bajo el argumento de detener la explotación laboral, especialmente dentro de las empresas bananeras.
Entre 1985 y 1990, las antiguas Farc y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se afianzaron en el Urabá. Al mismo tiempo, crecían los sindicatos en las empresas bananeras -exigían el respeto a los derechos laborales- y los partidos políticos de izquierda empezaron a ganar elecciones populares en varios municipios. “La Unión Patriótica (UP) fue una fuerza electoral importante en la región. De 1988 a 1994, la UP y sus aliados habían triunfado en los comicios para las alcaldías de Apartadó, Turbo y Chigorodó”, rememora el informe.
Mientras todo lo anterior ocurría, en 1987 aparecían grupos paramilitares apoyados por el empresariado bananero y la Fuerza Pública. La tarea más importante de estos grupos fue proteger fincas y tierras de las guerrillas. Y para esa época, justamente, se vivió un primer ciclo de masacres.
Años más adelante, cuando el EPL se desmovilizó en 1991, las Farc y un grupo disidente del EPL llamado ‘Los Caraballistas’ emprendieron una persecución en contra de los excombatientes que hacían parte de Esperanza, Paz y Libertad, un movimiento político que surgió de la desmovilización. Como resultado de esa persecución fueron asesinados dirigentes sindicales, trabajadores de las fincas, líderes políticos y concejales de la región, además de campesinos y exguerrilleros que laboraban en las plantaciones de banano.
Ante esa ola de violencia, ¿cuál fue la respuesta del Estado? La misma de ahora: militarización. En el Urabá se creó el Comando Departamental de Policía en 1990 y en 1993 el gobierno de César Gaviria instaló la Brigada XVII del Ejército y el Comando Especial Contraguerrilla. En apenas tres años, la región pasó de tener 1.600 soldados en 1990 a 3.200 uniformados en 1993.
Los desmovilizados del EPL que sobrevivieron a los ataques se denominaron ‘Comandos Populares’ y se aliaron con los grupos paramilitares. Ellos fueron los responsables de señalar a varios líderes sindicales y miembros de la UP de colaboradores de las Farc. Desde 1994, a esa alianza se sumaron el Ejército y las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, mejor conocidas como Convivir. Los empresarios bananeros siguieron apoyando a estos grupos. “Desde 1993 y en los años posteriores a la alianza de los Comandos Populares se presentaron dos secuencias de masacres: la primera en 1993 y la segunda en 1995”, explica Raúl Hernández, director de la corporación Opción Legal.
Los grupos paramilitares se consolidaron en los municipios de Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá, además en el Eje Bananero y Darién. Sumado a esto, el respaldo recibido por la multinacional bananera Chiquita Brands le dio poder sobre el territorio a los paramilitares. Tomaron el control de la región, de los sindicatos, de las Juntas de Acción Comunal y de organizaciones productivas. Desaparecieron las huelgas y las amenazas contra los trabajadores y campesinos incrementaron.
Además de Chiquita Brand, el Ejército se alió con los paramilitares. De ese modo se garantizó la entrega de información y la planeación de operaciones conjuntas. “Los productores bananeros entregaban información a los paramilitares sobre directivos sindicales y trabajadores que consideraban ‘revoltosos’ para que fueran agredidos. Además, con frecuencia, los paras integraron las nóminas de las empresas bananeras”, se lee en el informe.
Entre 1997 y 2004, Chiquita Brand pagó más de 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el pretexto de “pagos de seguridad” o “servicios de seguridad”. Fueron más de 100 pagos a los paramilitares durante siete años. Por esta razón, la multinacional fue juzgada en Estados Unidos. Una de las funciones de los paramilitares era acaparar tierras y garantizar a la empresa una mano de obra dócil.
Esta alianza entre paramilitares, empresas bananeras y Fuerza Pública dejó 12.393 desapariciones forzadas y 10.488 denuncias de amenazas entre 1985 y 2014. “Aunque hay reportes, existe un alto subregistro derivado de la falta de confianza y temor a las consecuencias que se pudieran derivar a las víctimas”, explica el director de Opción Legal.
Aquí pueden ver la presentación del informe ante la Comisión de la Verdad:
