Las autoridades de Córdoba se comprometieron a la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales, comunales y personas defensoras de derechos humanos del departamento.
El pacto fue firmado por la gobernadora Sandra Devia y por los alcaldes del sur de Córdoba, en el marco de la sesión ordinaria de la mesa territorial de garantías para los defensores de derechos humanos.
El mismo constituye una ruta de acción inmediata, con una mirada a largo plazo, que busca recomponer la confianza en la justicia y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este fenómeno criminal que ha enlutado al sur de Córdoba.
La mandataria seccional precisó que esta firma de voluntades también convoca a toda la sociedad civil, organismos internacionales, comunidad en general para que acompañen y respalden la labor que realizan los líderes sociales en el departamento.
“Nos parece muy positivo la realización de la mesa territorial de garantías para los defensores de derechos humanos y desde la gobernación la seguiremos respaldando; puesto que reconocen los grandes aportes de los líderes sociales a sus comunidades, especialmente en lugares que han sido tan afectados por la violencia como córdoba”, agregó.
Dijo que se ha hecho un análisis de la situación de seguridad con líderes en el sur del departamento con el fin de tomar las medidas pertinentes y han socializado la ruta de atención,
Córdoba estuvo en la mira nacional tras el crimen de la líder social María del Pilar Hurtado, asesinada en el municipio de Tierralta, presuntamente por liderar el proceso de invasión de un terreno de propiedad del padre del alcalde de la localidad, Fabio Otero, quien terminó suspendido por la Procuraduría.
Las estadísticas oficiales señalan que hay 70 líderes y defensores de derechos humanos amenazados en Córdoba y varios de ellos han tenido que abandonar el territorio con el fin de preservar sus vidas.
