Las comunidades homenajearon la memoria de Porfirio Jaramillo, Hernán Bedoya, Mario Castaño y Jesús Alberto Sánchez, asesinados el año pasado en esa región. Fuentes de la Fiscalía dicen que en algunos casos han avanzado en el esclarecimiento de autores y móviles.
La imagen fue impactante: una decena de reclamantes de tierra provenientes de Urabá llegaron a Bogotá cubriendo sus rostros con máscaras blancas para denunciar la persecución en su contra. Eso fue hace un año. Este lunes 10 de diciembre, ellos descubrirán sus rostros ante los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, como un acto de confianza en que esta entidad establezca la verdad de lo que sucedió, y entregarán su informe sobre las más graves violaciones de derechos humanos en el Eje Bananero y el Bajo Atrato. En esa región no olvidan a sus muertos.
El 2017 fue un año doloroso para los reclamantes de tierra de Urabá. Cuatro de sus compañeros fueron asesinados: el 28 de enero fue asesinado con armas blancas Porfirio Jaramillo Bogallo, líder de la vereda Guacamayas, de Turbo (Antioquia). El 19 de agosto el turno fue para Jesús Alberto Sánchez Correa, hijo de un reconocido reclamante de la misma vereda. Luego los violentos fueron por Mario Manuel Castaño Bravo, a quien le dieron 19 tiros. La infamia siguió y el 8 de diciembre asesinaron a Hernán Bedoya.
El pasado 26 de noviembre, cuando se cumplía el primer aniversario del asesinato de Mario Castaño, llegaron campesinos de varias veredas de la región hasta la comunidad Madre Unión, en el área rural de Belén de Bajirá (Chocó). Se reunieron en la Casa de la Memoria, que ese día estaban inaugurando.
Cuatro pendones con las fotos de los asesinados colgaron en la fachada de la Casa de la Memoria. Tiene dos pisos construidos con madera. En el primero hay un salón, con piso de barro, para reuniones. En el segundo hay una pequeña habitación en la cual exhiben objetos importantes para la historia de Madre Unión y de las comunidades de Urabá. En una pared dice “La historia de 1996-97”, debajo hay una cartelera en la cual se reseña la Operación Génesis y en ella hay una mención al general Rito Alejo del Río, por el asesinato del campesino Marino López en medio de esa incursión armada.
En cinco papeles rectangulares están los nombres de José Madrid García, Amado Morelos, Alcides Morelos, Daniel Medrano y Virgilio Jimenes (sic). Todos fueron asesinados en 1997, un año que quedó marcado en la memoria de los habitantes de la región. El 20 de diciembre de 1996 entraron al casco urbano de Riosucio unos 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Desde esa fecha la violencia arreció.
En la reunión, la comunidad resaltó que la violencia contra los líderes en Urabá está relacionada con esa incursión paramilitar. La tierra ha sido un factor central en esa región. Como se ha demostrado judicialmente (en fallos de Justicia y Paz y en procesos de restitución de tierras), sectores empresariales se aliaron con los paramilitares para hacerse con grandes extensiones de tierra. En la zona hay campesinos que aseguran que vendieron cada hectárea de tierra en $60 mil, amenazados con una frase lapidaria que difundieron por Chocó, Antioquia y Córdoba: “Vende usted o vende la viuda”.
En una entrevista que Raúl Hasbún, jefe del bloque Bananero de las Auc y empresario del banano en la región, le concedió a revista Semana en 2012, dijo que le entregó a la Fiscalía un listado de más de 270 bananeros y 400 ganaderos que tenían nexos con esa estructura armada.
Tras la desmovilización de las Auc, en 2005, la tranquilidad no llegó a Urabá. En esa región cientos de combatientes no entregaron sus armas. Daniel Rendón Herrera, conocido como Don Mario, fundó el Clan del Golfo. Ese grupo armado se conoce con varios nombres, también se le ha denominado el Clan Úsuga y los campesinos lo conocen como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
A pesar de ese contexto, en 2011 los campesinos que salieron desplazados conocieron la esperanza. Ese año se expidió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Quienes se encontraban lejos de sus parcelas soñaron con recuperarlas. Empezaron a volver sin acompañamiento institucional, pero muchos encontraron sus tierras ocupadas por empresarios.
Desde ese momento, varios líderes y organizaciones que trabajan en la región han denunciado que los empresarios están aliados con los grupos armados para entorpecer la reclamación de tierras. Incluso el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó otorgó medidas de protección a las comunidades del Consejo Comunitario La Larga-Tumaradó, en proceso de restitución de tierras, argumentando que “existe prueba suficiente de que las mismas (personas que retornaron sin acompañamiento) se encuentran en un riesgo inminente, que han recibido ataques continuos de sus posibles despojadores e incluso de grupos armados organizados irregulares”.
El Urabá es una región clave para el narcotráfico, por lo cual las Agc ejercen un recio control territorial. Según una fuente de la Fiscalía, que pide no ser citada por no estar autorizada para hablar, afirma que desde los puertos de Turbo (Antioquia) salen lanchas rápidas hacia Centroamérica y contenedores de banano hacia Europa que transportan la cocaína.
En medio de ese contexto violento los campesinos despojados intentan recuperar sus tierras. Por una parte, son vistos por los empresarios como “invasores” y, por otra, tienen choques con el poder armado de las Agc. Según las comunidades, esos factores explicarían los asesinatos de Porfirio Jaramillo, Hernán Bedoya, Mario Castaño y Jesús Alberto Sánchez. Colombia2020 habló con personas de la Fiscalía cercanas a las investigaciones de esos crímenes, y en algunos casos concuerdan con las hipótesis de las comunidades y en otros tienen grandes diferencias.
El riesgo persiste. Al preguntarle a la gente por la presencia de grupos armados miran a su alrededor y hablan en voz baja. Este medio conoció dos denuncias interpuestas en octubre por líderes ante la Fiscalía por amenazas de hombres armados.
En el homenaje por cuatro de los reclamantes asesinados, sus compañeros reafirmaron que seguirán andando los caminos que ellos intentaron abrir, pero que la violencia truncó. “Les estamos diciendo al mundo y a los malos que no nos han callado. La lucha sigue”, enfatizó Héctor Pérez, amigo de Mario Castaño y líder reclamante de tierras de la comunidad Madre Unión.
