El general (r) del Ejército Nacional tiene cita con la JEP el próximo 11 de diciembre. Pese a estar en libertad, en 2012 fue condenado por el asesinato de un líder campesino en el Chocó, y se le ha relacionado con la masacre de Mapiripán (Meta), ambos en 1997.
El próximo 11 de diciembre, el general (r) del Ejército Nacional Rito Alejo del Río será escuchado por primera vez por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que se acogió en el 2017 para recuperar su libertad y ante la cual deberá responder sobre el caso 04, ‘Situación territorial de Urabá’, que busca esclarecer la verdad sobre las 35.210 víctimas del conflicto en esta subregión. Las víctimas le pidieron al exoficial convertirse en el “general de la Paz” y confesar lo que sabe respecto al paramilitarismo, con el que se le ha relacionado.
Rito Alejo del Río fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato del líder campesino Marino López Mena, cuyo cuerpo fue desmembrado, y los bombardeos de la operación ‘Génesis’ en 1997, en el asentamiento Bijao Cacarica (Chocó); no obstante, al acogerse a la JEP, quedó en libertad. También ha sido investigado por la masacre de Mapiripán (Meta) —entre el 15 y el 20 de julio de 1997—, por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 2005, condenó al Estado colombiano, debido a la colaboración de los miembros del Ejército con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para perpetrarla.
Hasta con los magnicidios de Jaime Garzón y Álvaro Gómez Hurtado se le relacionó en algún momento al llamado “Pacificador de Urabá”. Lo cierto es que, pese a su prontuario, 29 comunidades y organizaciones de Urabá, con el respaldo de otras tantas de Meta y Putumayo, le han hecho llamado a dar una vuelta de hoja a los crímenes por los que se le acusa y apostar por la paz. Lo hicieron por medio de una carta el pasado 5 de noviembre y que hoy cobra especial importancia.
En el texto, las víctimas plantean que, desde 2002, han abogado por la salida de la cárcel de quienes se vinculan con el conflicto en el Urabá, que incluso él pudo tomar malas decisiones por “convicciones en el amor a la patria, a la democracia”, pero que está a tiempo de contribuir con la verdad.
“Hubo errores y horrores, a nombre de ese amor, que a veces, como pasa con todo lo que somos como humanos, son amores ciegos y dañinos, que nos hacen guardar silencios, que rondan en el alma, pero que hoy podemos desatar. Desde el 2002, nosotras y nosotros abogamos por la salida de la cárcel de todos los responsables y del derecho restaurador, es decir, 16 años antes de la firma del Acuerdo de Paz, porque creemos que hay que transitar en la verdad para ser libres realmente”, escribieron.
En el texto, además, las víctimas manifestaron que esa verdad que le piden es necesaria para que las generaciones siguientes, la de los hijos y los nietos de los pobladores del Urabá, del propio general, no carguen con las mentiras acerca de la violencia que tanto marcó al país en la década del 90 y comienzos del nuevo milenio. Hasta se ofrecieron a orar para llegar a esas certidumbres que, desde hace más de 20 años, han venido buscando.
“General, si su decisión es otra, guardar silencio, ocultar, negar, seguiremos orando, pidiendo a Dios y al Universo que algún día, su verdad sea posible y sea plena. Creemos en su valentía a pesar de esos miedos. Nuestro deseo es evitar que su heredad y la nuestra lleven esta carga de mentiras, que nuestros hijos, que sus hijos, y los nietos que seguramente tendremos, tengan armonía interior y exterior”, se lee en la carta.
De acuerdo con lo dicho por la magistrada de la JEP Nadiezhda Henríquez a El Espectador, en el caso sobre la ‘Situación territorial del Urabá’, “hasta la fecha, “se ha vinculado a 249 personas en servicio activo, retirados y separados de la Fuerza Pública —Ejército Nacional—, exmiembros de las FARC y terceros civiles”.