La inseguridad que presenta Colombia en estos momentos es grave, y más después de firmado un acuerdo de paz que está en su implementación. Los campesinos, líderes sociales y defensores de derechos humanos están desprotegidos y los están asesinando sistemáticamente, aunque el Gobierno no quiera reconocerlo y no mueva un dedo para esclarecer y prevenir.
La respuesta del Estado a todas a las denuncias es que va a tomar medidas, pero no muestra resultados. Con el agravante de que los paramilitares siguen entrando masivamente a las regiones donde operaban las FARC.
El ministro del Interior dijo el 24 de enero que “se ha identificado un avance de estructuras narcotraficantes del Clan del Golfo hacia zonas post FARC”. Además el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que “el Clan del Golfo está ofreciendo salarios de $1’800.000 a excombatientes en Ituango y norte de Antioquia. También están influyendo en el Bajo Cauca y sur de Córdoba para apropiarse del narcotráfico y la minería ilegal”.
El 26 de enero se reinstaló la mesa territorial de garantías a defensores de derechos humanos en Antioquia, tras un año sin funcionar. Allí la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos dio un informe desalentador. Dice que “entre 2010 y 2016 han asesinado a 136 defensores de derechos humanos en Antioquia y la Fiscalía está desviando las investigaciones”.
Verónica López, representante de los defensores, dijo que “es necesario hacer planes de contingencia que nos permitan ver las cosas antes de que pasen, porque nos están matando”. Y la secretaria de Gobierno de Antioquia reconoce la gran vulnerabilidad del derecho a la vida. Sin embargo el Gobernador no estuvo, y las organizaciones no confían en que haya voluntad de proteger la vida.
Santos anunció que quitará los esquemas de seguridad a quienes no los necesitan y serán trasladados a líderes y defensores de derechos humanos amenazados. Pero esa no es la solución más sabia a un problema que toca fondo.
“Es hora de que se pasen de resultados de ‘avances’ en las investigaciones por parte de las instituciones del Estado, a acciones reales de desarticulación de los grupos paramilitares de ultraderecha, que evidentemente están continuando con las formas sistemáticas de exterminio contra organizaciones de oposición al régimen establecido”, dice Cahucopana.
Este es el panorama de Urabá:
Sur de Córdoba
Este departamento es tal vez el más afectado en 2017. Las organizaciones sociales vienen denunciando el constante movimiento de paramilitares a la región. Incluso fue en este departamento donde se vio con más fuerza el paro armado de las AGC el año pasado.
El 10 de enero fue asesinado Yimer Cartagena, vicepresidente de Asodecas. Su cuerpo fue encontrado en Carepa, Antioquia, pues allí tenía una reunión con el alcalde. Esta asociación ya había denunciado que la vida de sus integrantes corría peligro.
El 19 de enero asesinaron a cuatro líderes campesinos en veredas de Puerto Libertador y Montelíbano: Hernán Agámez, Marcelino Pastrana, Everto Quiñones y Fredys Cogollo.
En Tierralta las amenazas son constantes. Una fuente informó que los paramilitares están haciendo reuniones para amenazar directamente a los líderes y éstas las dirige el hijo de Mancuso rodeado de comerciantes y trabajadores de la Alcaldía. Algunos habitantes expresan que a cada paso que dan sienten temor y muchos están dejando sus viviendas para ir a buscar protección a otro lado.
A diario circulan panfletos de grupos armados que firman como Águilas Negras, Autodefensas Unidas de Colombia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y amenazan a defensores del acuerdo de paz, víctimas, activistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organización de mujeres, abogados y reclamantes de tierras.
Chocó
En este departamento también se prenden las alarmas, pues ha sido, durante décadas, de los más codiciados por los paramilitares, pero también donde las guerrillas no han permitido que éstos tengan el control económico, político y humano.
El 24 de enero la comunidad de Bijao, territorio colectivo de Cacarica, denunció mediante la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz la entrada de 200 armados vestidos de camuflado que se ubicaron desde las cinco de la tarde en un punto conocido como Batatilla. La comunidad ese mismo día comenzó a desplazarse a la zona humanitaria Nueva Esperanza en Dios, por temor a una agresión.
Al día siguiente algunos consejos comunitarios junto con comunidad, Defensoría del Pueblo y Acnur hicieron un recorrido por el territorio colectivo para verificar las irregularidades. Cuenta la comunidad que la Fuerza Aérea realizó sobrevuelos por la zona.
Al tercer día, los paramilitares lograron entrar a la comunidad y reunieron a la gente, les dijeron que no les iban a hacer nada, pero que llegaban a quedarse.
El 26 entraron al río Salaquí y se instalaron en la comunidad de Playa Bonita, otros llegaron a Domingodó. Están copando zonas donde antes estaban las FARC. La estrategia es llegar a las comunidades, ofrecerles arreglos de carreteras, arreglos a las casas, regalos para los niños. En estas comunidades esas propuestas las acogen fácilmente pues las necesidades son grandes y el Estado nunca ha velado por sus derechos.
Bojayá está amenazado por un movimiento de tropas paramilitares ubicadas en Playa Guaca perteneciente al municipio de Bahía Solano. Ya la comunidad indígena Nuevo Olivo, ubicada en el río Uva, afluente del río Bojayá, vecina de Playa Guaca se desplazó en su totalidad.
Urabá antioqueño
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó también viene alertando por la llegada de grupos armados y el fuerte ataque contra esta organización. El 15 de enero en las veredas y el corregimiento hubo presencia masiva de hombres que llevaban insignias de AGC, y estaban reuniendo a pobladores de la región, advirtiéndoles que “si no trabajan con ellos se tienen que ir de la zona o se mueren”. Ese mismo día se instalaron cerca de viviendas de la Comunidad de Paz y amenazaron de muerte a dos de sus miembros si se negaban a trabajar con ellos.
Al siguiente día los paramilitares estaban cerca de la base militar y la misma población los vio conversando amigablemente con los militares. Anunciaron que van a tener sus propios informantes para vigilar a la población civil y prohibieron hacer denuncias de lo que está pasando. Ellos son quienes lideran las reuniones de las juntas de acción comunal de las veredas.
Por otro lado las mismas AGC han amenazado a la presidente de la Federación Nacional de Paz regional del Urabá Alcira Blanquicet, denunció León Fredy Muñoz, presidente de la organización en Antioquia.
El 28 de enero asesinaron en Turbo al reclamante de tierra Porfirio Jaramillo, quien venía denunciando que hombres armados lo habían amenazado y ya habían intentado llevárselo de su casa.