La región del Urabá, a pesar de su corta vida política y administrativa, ha visto pasar por su territorio a todos los actores armados del país. El inicio de esta tragedia se da en las décadas de 1960 y 1970, con la presencia del Ejército Popular de Liberación –EPL– y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-EP–; luego se intensificó a partir de la incursión paramilitar, con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU– y las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC– en las décadas de 1990 y 2000; y finalmente hoy es el teatro de operaciones del Clan del Golfo, entre otras organizaciones criminales.
Esta amalgama y compleja presencia de grupos armados ha provocado que esta región sufra todos los horrores de la guerra. Las cifras sobre homicidios, desapariciones forzadas, amenazas, torturas y violencia sexual, entre otros hechos victimizantes, fueron padecidos por la mayoría de los urabaenses. Violencia que se intensificó a partir de 1986 debido a la militarización de la vida civil, la falta de garantías del Estado para proteger a la población, la represión patronal y del Estado a las protestas sociales, el crecimiento de las guerrillas y la aparición del paramilitarismo, apoyado por los empresarios del banano.
Entre 1991 y 2001, el territorio registró 97 masacres y 607 homicidios; siendo 1995 el año con mayor número: 24 masacres en total. Nueve de ellas causadas por el paramilitarismo, seis por las FARC-EP, una por la disidencia del EPL, seis por grupos armados no identificados (guerrilla, grupos paramilitares o Ejército Nacional) y dos por los Comandos Populares. Masacres que estuvieron combinadas con homicidios selectivos a líderes sindicales, desaparición forzada, perdida de bienes inmuebles, tortura, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, entre otras variable perversas; formando así un coctel de muerte y destrucción de vida, que en lugar de parar continúa con los años.
Estas cifras fueron algunas de las presentadas por la Fundación Cultura Democrática y de la Corporación Opción Legal en el informe La sombra oscura del banano. Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado, entregado a la Comisión de la Verdad, este 30 de noviembre de 2020. El documento nos habla de un territorio especial, situado en el norte de Antioquia, donde se narra la historia de muerte, de desplazamiento y de desaparición forzada, entre otras atrocidades, que sufrieron los cientos de campesinos, colonos, indígenas, sindicalistas y firmantes de la paz.
Es un trabajo que busca desentrañar las grandes dinámicas del conflicto y construir narraciones que indaguen por el origen, la dinámica y las consecuencias del conflicto armado vivido en el Urabá antioqueño. En él se ofrecen narrativas que ayudan a explicar la interconexión, por ejemplo, entre el reclutamiento forzado de niños y niñas, la victimización de la Unión Patriótica –UP– y violaciones de derechos humanos en Urabá (macro-caso que fue priorizado por la JEP y que tiene acreditadas más de 35 mil víctimas).
Es también un informe donde se narra y analiza el contexto del conflicto armado y violencia política generalizada en Urabá, además del rol jugado en él de la multinacional bananera Chiquita Brands y del empresariado bananero. En este sentido, es un trabajo donde se asignan responsabilidades históricas, políticas, económicas y morales a un actor no convencional. Un actor empresarial multinacional que se implicó en el conflicto de esta región y que utilizó la violencia para proteger su negocio y ampliarlo.
En síntesis, la Fundación Cultura Democrática y la Corporación Opción Legal entregaron a la Comisión de la Verdad esta semana un trabajo extenso, amplio y rico en información, que logra entregarle al país y, en especial, a las víctimas de Urabá, las explicaciones de por qué sufrieron tanto y por qué sus habitantes fueron asesinados. Es una investigación dirigida a ellas, para que comprendan los motivos y las dinámicas en las que se dio esta letal confrontación armada.
Informe que complementan los otros seis que sobre este territorio se han entregado en las semanas pasadas a la Comisión de la Verdad por Ongs como Forjando Futuros o el Instituto Popular de Capacitación –IPC–, y que se caracterizan por el deseo de contribuir con la construcción de la verdad histórica para el territorio que más violencia ha sufrido con el conflicto armado en Antioquia. Trabajos indagativos que intentan esclarecer la verdad como premisa insoslayable de la no repetición a la que aspiran las víctimas. Las víctimas que demandan verdad, justicia y reparación integral; y que aspiran, como lo hace toda la sociedad colombiana, a pasar la página de más de medio siglo de horrores y desgarramientos.
Fuente: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z1/xZXRTtswFIZfhV3k0vVp4iTe7gIUptLSTmuB-Aa5iZMaGju4pqV7-jli0lQ2qBCyyIVjW78_n__YOsYM32Cm-EbW3Eqt-MqNc5bc0q8nYT8jMIKEJJAlUxKn4Xk0uwJ8vS-gQM8g-zEbDch8DDCJMXt7_RVmmBXKtnaJ81Yby1ePpeAB8PX-aKkb8dzv2iOlrSwkXwdQaGWFkqXuVH-ndSuV8-Dkhi84KkXDVcnRRpiSl2iHlEZGtKKTa9UF0RayxHmYVhQqUqE4JCkiZUgQpSRBRPB4IUgBRRi9NP2vq840vPJlXdLYi7xc9GOXtsH0cjY5mZ4Owz-CNxi5iyF9LYYICL7eSLHFc6VN4w7y5zstfj-4Q_zBHQ7gU6_489Avvu8XH3nF08Qv3u_NoX5vzoT4xfvNPYEP4oeHCrp7MeTdwwPLXFnvKvOTxTefV9dduPVKL55fskwtIlpjZkQljDC9R-Oml9a2628BBLDdbnu11vVK9ArdBPC_JUu9dn72lbht5g2Ndui-Gg8ikg83v44v0aHfqBrbOP_yG6SoXf4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.inicio.udea.noticias.noticia&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FUdeA%2BNoticias%2FContenido%2FasNoticias%2FOpinion%2Furaba-demanda-verdad-y-no-repeticion