En la madrugada del 23 de enero de 1994 ocurrió una de las masacres más sangrientas perpetradas por las Farc. Fue en el barrio La Chinita, del municipio de Apartadó, en el norte de Antioquia. Miembros de esa guerrilla irrumpieron en un festejo popular en el que, pensaron, encontrarían a excombatientes del Ejército de Liberación Popular (Epl), quienes desde su desmovilización se habían convertido en su objetivo militar.
En la lluvia de balas que cayó indiscriminadamente sobre quienes gozaban de una noche de fiesta murieron 35 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad. Se conocería después que entre los muertos sólo había dos desmovilizados.
Aunque pasaron más de 20 años, la masacre en lo que hoy se conoce como el barrio Obrero dejó las heridas abiertas, pero también los corazones de las víctimas, que recibieron el pasado 29 de septiembre de 2016 a los máximo jefes de las Farc en el colegio San Pedro Claver, de Apartadó. Allí, Iván Márquez les pidió perdón por algo que nunca debió haber ocurrido.
“Queremos restablecer las relaciones que nos dañó la violencia, por eso hemos venido a hablarles a los corazones heridos”, les dijo el jefe guerrillero a las víctimas, y selló sus palabras con abrazos que dejaban visible la parte posterior de las camisetas que lucían quienes vivieron esa noche de horror. Estampado estaba un mensaje claro: “Las víctimas sí perdonamos”.
Apartadó está empotrado en una de las regiones del país donde la violencia ha hecho de las suyas. Una zona selvática en la que hubo presencia histórica de las Farc y el Epl, y que por sus condiciones geográficas se convirtió en un lugar preciado por los grupos armados ilegales para desarrollar actividades como el narcotráfico y el transporte de armas.
Y ese costo lo han pagado sus pobladores. Después de la masacre de La Chinita sucedieron la del Aracatazo, en Chigorodó; la de Los Kunas, en Carepa; la de Turbo y la de Bajo Oso, también en Apartadó. Todas entre agosto y septiembre de 1995, con un saldo de más de 60 muertos. 2014 es el año más trágico en la historia de violencia de la región.
De esta manera, el Urabá antioqueño conforma la decimosexta y última circunscripción especial de paz pactada con las Farc en los acuerdos de La Habana, lo que la deberá ubicar en zona de especial atención por parte del Gobierno Nacional para que en los próximos dos períodos constitucionales pueda elegir un representante adicional a la Cámara.
Esta circunscripción está conformada por Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí y San Pedro de Urabá, municipios en donde, de acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), hay una dificultad de acceso a los 85 puestos de votación entre alta y extrema. Entre los ocho municipios se cuentan 795 mesas en las que podrán votar unas 348.656 personas, según el censo electoral de 2016.
La participación para las elecciones a Cámara y Senado en 2014 alcanzó el 36,9 % y el 37 %, respectivamente. La misma fue de 33,3 % en la primera vuelta a la Presidencia, de 44,7 % en la segunda y de 26,5 % en el plebiscito del pasado 2 de octubre.
En esa jornada electoral se demostró cuáles son los partidos que tienen mayor poderío en la región. Por ejemplo, la U obtuvo la mayoría de los votos a la Cámara de Representantes en siete de los ocho municipios; al Senado ganó en seis municipios. Cifras que podrían dar luces sobre la victoria contundente del presidente Juan Manuel Santos en todos los municipios, tanto en primera como en segunda vuelta.
El informe también señala que en la totalidad de la circunscripción el arraigo del paramilitarismo es extremo y hay presencia de bandas de crimen organizado. También se presenta, aunque en menor proporción que en otras zonas del país, actividad relacionada con los cultivos ilícitos, en donde Turbo, con 45 hectáreas, es el municipio que mayor cantidad alberga.
Finalmente, entre enero de 2016 y el 20 de abril de 2017 se presentaron nueve hechos considerados como violencia política, social y comunal, de los que se discriminan seis amenazas y nueve asesinatos. Entonces, los asuntos más urgentes, de cara a las elecciones en 2018, le quedan marcados al Gobierno para que garantice la normalidad de la jornada y esta permanezca en un territorio afectado por el conflicto.
Vía elespectador