“No nos interesa quién es el dueño de la madera, nos interesa la tierra”, dice Gildardo*, un campesino de las Tulapas en Urabá que espera la restitución de su tierra. No retorna al predio que reclama porque está sembrado por teca. Dice que es un bosque pero no hay espacio para una casa ni unos cultivos ni unas vacas.
A Aleida* y a su esposo, en cambio, no les importó que su tierra tuviera ese bosque. Desde que huyeron desplazados en 1995 recorrieron parte de Córdoba y el Urabá, perseguidos por la pobreza y el desempleo. Volvieron a la tierra de la que fueron expulsados porque preferían que los mataran allí que seguir vagando con sus hijos sin futuro alguno. Regresaron, la tierra estaba sembrada de teca. No les importó, tumbaron algunos árboles y abrieron un claro, construyeron una casa y cultivaron la tierra.
El 20 de septiembre de 2018 un juez les restituyó la tierra a Aleida y su esposo, pero nunca les hicieron la entrega material. La razón: en el predio hay un monocultivo de teca que pertenece a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), la cual utiliza cerca de 1.500 hectáreas de tierras despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), en alianza con grupos paramilitares.
Mientras las víctimas esperan ocupar sus predios y desarrollar sus proyectos productivos, la empresa asegura que necesita utilizar la tierra, por lo menos una década más, y proteger su inversión de 7.888 millones de pesos de recursos públicos, pues la RIA es una empresa mixta: el 99.9% es público y pertenece a la Gobernación de Antioquia, el IDEA, EPM y la Alcaldía de Medellín; y el 1% restante es de Colanta.
El despojo en Tulapas
La sentencia 062-05 de 2018 restituyó más de 22 hectáreas en Tulapas. El documento recuerda que la compra masiva de tierras por parte del Fondo Ganadero de Córdoba contó con el aval de los paramilitares de la Casa Castaño.
Entre 1995 y 1997 fueron desplazadas 180 mil personas en Urabá: se consolidó el despojo, se expandieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Convivir. Alrededor de cinco mil personas fueron desplazadas de Tulapas. De la estrategia de despojo, compra y titulación de más de 4.000 hectáreas de tierra en Tulapas hicieron parte comisionistas como Guido Vargas, Marco Furnieles y Roberto Ojeda Visbal, con la mediación de Sor Teresa Gómez Álvarez, hermanastra de los hermanos Castaño, “y la complacencia” de Benito Osorio, gerente del Fondo, hoy compareciente en la Juriscción Especial para la Paz (JEP).
Dice la sentencia que el conflicto armado en la zona era un “hecho notorio que no requiere de ningún medio que lo acredite”, y que la violencia se caracterizó “por su lejanía de los cascos urbanos de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá”, además porque Tulapas “es un punto estratégico como corredor de comunicación con el departamento de Córdoba y otros departamentos de la Costa Atlántica con el golfo de Urabá”, de manera que era un territorio “objeto de interés para el desarrollo de actividades ilegales y resguardo de grupos al margen de la ley”.
Otra sentencia del 14 de junio de 2022 recuerda el testimonio de una familia que vendió a 200 mil pesos la hectárea de tierra: “nos tocó venderla barata, llegaron personas a decirnos que si no vendíamos negociaban con la viuda, y tocó vender así, nosotros no teníamos ese deseo de venderla pero presionados tocó hacerlo. Además, nos habían matado a mi papá y nosotros teníamos mucho miedo, mucho pánico.”
Según Forjando Futuros, 120 personas vendieron obligadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Por eso es que la sentencia de 2022 asegura que el Fondo no podía acreditar buena fe exenta de culpa por cuanto “está probado que participó directamente en el despojo de los predios”, que “sacó ventaja directa del conflicto armad” en Tulapas y que “tenía pleno conocimiento de la ilicitud de las compras que hacía”.
Luis Gonzalo Gallo, miembro de la junta directiva del Fondo, le dijo a la JEP, que la decisión de realizar proyectos de reforestación en Tulapas surgió hacia el año 2005 y que esta se dio en el marco de una reunión que Benito Osorio Villadiego tuvo con el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, el entonces ministro de agricultura, Luis Guillermo Cano, y el entonces gerente de RIA, Gonzalo de Jesús Bernal Pérez.
Usar tierras despojadas
En 2003 fue creada la Reforestadora Integral de Antioquia con el objeto de promover “asociaciones público-privadas mediante contratos de usufructo y el modelo de cuentas en participación, con propietarios de los predios en donde se establecen las plantaciones, buscado el desarrollo de proyectos silviculturales y sostenibles en el departamento de Antioquia”. Dos años después, el gerente Bernal Pérez se reunió con la junta del Fondo Ganadero de Córdoba y acordaron firmar varios contratos de usufructo.
El 28 de octubre de 2005 el Fondo y la RIA firmaron tres escrituras de usufructo en la Notaría 25 de Medellín, por el predio San Sebastián de Tulapa, de 130 ha; predio El Faro, de 74 ha; y el predio Piénsalo bien, de casi 30 ha.
De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, en el proceso de responsabilidad fiscal 0160 de 2016, si bien el contrato de usufructo es de 1.500 hectáreas, solo se firmaron 314 hectáreas mediante escritura pública, mientras que las restantes 1.186 “se encuentran sembradas sin ningún soporte legal; este contrato se pactó a 15 años y como compensación se estableció el 32% de la plantación a tala rasa, situación que se encuentra suscrita en el Plan de Mejoramiento 2012.” En total, dice la RIA, de las 1.500 hectáreas en usufructo, 1.242 las sembró con teca entre 2006 y 2009.
El Fondo también entregó en usufructo 13 predios por 448 hectáreas a la Productora de Caucho San Pedro y tres predios, por 81 hectáreas, a la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá.
Dice la JEP que, entre 1997 y 2005, el Fondo adquirió 98 predios en Tulapas, es decir que el mismo año en el que el Fondo y la RIA se reunieron para acordar el contrato de usufructo, los paramilitares y el Fondo continuaban con su estrategia de despojo y titulación fraudulenta de tierras.
Reclamar tierra sembrada de teca
En la zona utilizada por la RIA para su monocultivo, existen cuatro sentencias que restituyen seis predios. Sin embargo, la Fundación Forjando Futuros identificó que también hay 32 solicitudes de restitución en etapa judicial y 8 en etapa administrativa, y 50 predios más, si bien aún no tienen solicitud, tienen embargo de la Fiscalía.
“RIA quiere cortar la madera antes de que se haga la restitución, lo están haciendo en esta zona”, dice Aleida. Desde que le restituyeron la tierra ha sido común que personas que dicen trabajar para la empresa se presenten a su predio para hacer talas.
“La primera vez que iban a cortar me les paré firme y les dije que me dieran el papel de quién les da permiso. Eso fue hace dos años. Se quedaron quietos, no molestaron más”, agrega. Sin embargo, en enero volvieron a su predio a cortar madera y le pidieron los papeles que la acreditaban como propietaria. Si bien les mostró la sentencia, tuvo que ir a Apartadó a expedir un certificado de libertad y tradición para que los trabajadores de la empresa entendieran que el predio le pertenecía a ella.
Como Aleida representa a su papá y sus hermanos por el despojo de la finca familiar, cerca de la tierra que recuperó con su esposo, dice que a finales de 2022 fueron trabajadores de la empresa a cortar parte de la madera. Aunque se opuso, le hicieron saber que como no tenía sentencia ellos podían cortar la madera. “Yo sí me opuse y por eso no siguieron. Pero me llamaron a negociar y rescaté 500 mil pesos”, agrega.
“Yo me pregunto hasta cuándo tenemos que esperar, ¿hasta que la empresa decida cortar la madera? Eso no es justo. La gente no ha recibido la tierra y sigue en la misma situación, con la zozobra, el miedo. Mire a nosotros, que nos tocó meternos a la tierra”, recuerda ella. Si bien está en su predio, aún no le han hecho la entrega material, por eso no puede disponer de la tierra para sembrar, no sabe qué hacer con esos árboles sembrados y cómo quedará el suelo cuando los talen.
En cambio Gildardo, el campesino que espera la sentencia de restitución, dice que no sabe quién es la RIA, “lo que nos interesa es que vengan al territorio para saber quiénes son. Yo pienso que deben obligarlos a cortar la teca, que desocupen el terreno y nos salgamos de ese problema. Mientras tanto es un peligro para la gente, porque no se puede hacer nada, no se puede cultivar nada, eso es un bosque”.
Sin embargo, la empresa dice que “no ha realizado ventas de estas plantaciones, porque no han llegado a su punto de madurez. Actualmente la comunidad ha adelantado obras comunales como construcción de puentes, entre otros, para los cuales RIA S.A. ha aportado parte de la madera, la cual corresponde a los árboles que deben ser cortados para la adecuación de las vías veredales.”
La pregunta que se hacen las víctimas es cómo puede solucionarse este problema, que impide que les sean restituidas sus tierras.
¿Qué hacer con los cultivos de teca?
El gerente de RIA, Sergio Trujillo Turizo, dice que la plantación llegará a su madurez al final de 25 años, “para lo cual resulta preciso tener en cuenta que el establecimiento se dio en los años 2006 a 2009, es decir, estaríamos hablando de un turno final o madurez de la plantación, entre los años 2031 a 2034.”
Agrega el gerente que la RIA reconoce la titularidad que tienen las víctimas sobre los predios, pero que el único interés de la empresa “es la preservación de los recursos públicos invertidos en los predios, consistente en la plantación forestal establecida. Así las cosas, RIA S.A., como tercero de buena fe exenta de culpa, está en condición de continuar con las cuentas en participación, con los propietarios a quienes les sea restituido el inmueble.”
Para Jahson Taborda, abogado de la Fundación Forjando Futuros, es llamativo que RIA diga que es un tercero de buena fe exento de culpa cuando no fue opositor en ninguna de las sentencias ni tampoco fue declarado como tal por un juez
El abogado cita el artículo 99 de la Ley 1448 o Ley de Víctimas. Este dice que cuando haya proyectos agroindustriales en un predio objeto de restitución hay dos posibilidades: el primero, que el juez podrá autorizar contratos entre los restituidos y el opositor que desarrolle el proyecto. Pero la RIA no es un opositor, como sí lo fue el Fondo Ganadero de Córdoba en dos de las cuatro sentencias existentes en Tulapas; y el segundo, dice el artículo, es que “cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa, el Magistrado entregará el proyecto productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros” y lo producido en el proyecto se destinará a programas para la reparación colectiva de las víctimas en las vecindades del predio”.
Frente a esta situación, Nervelia Avilez, directora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Urabá, dice que a “la RIA se le puede poner una denuncia por tala en predios que no son de ellos, porque ellos no son opositores.” Por otro lado, señala que la URT no puede disponer de la madera, para incluir el proyecto en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas porque el juez no lo determinó en la sentencia. En estos casos, dice, “son los beneficiarios quienes deciden si negocian o no o si impiden que corten la madera.”
Sin embargo, el gerente de la RIA dice que esperan llegar a un acuerdo con los propietarios de la tierra, en donde el 70% de las ganancias serán para la empresa y el 30% para las familias, “indicando que a RIA S.A. le corresponde continuar con las actividades de cuidado, mantenimiento y conservación de las plantaciones comerciales, hasta el momento de la cosecha, madurez o turno final, que permita el aprovechamiento de la madera.”
Para Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), aún no es clara la responsabilidad de la RIA en el entramado del despojar de las familias de Tulapas, “es muy importante para las víctimas y el país que se esclarezca la verdad de lo sucedido y quiénes participaron de dicho despojo, en el marco el proceso que se lleva ante la JEP”. Para Osorno no es justo que se mantenga el acuerdo de ganancias de 70% para RIA y 30% para las víctimas, “teniendo en cuenta que ellas no participaron de dicho acuerdo y son quienes han sufrido todas las violaciones a los derechos humanos. Si los socios de RIA son en su mayoría entidades del estado, estas deben ser garantes de los derechos de estas familias.”
Varias fuentes con las que conversamos para escribir este artículo afirmaron que la RIA está haciendo reuniones individuales para llegar a acuerdos con las familias.
En ese contexto, las familias tendrían que esperar hasta 2034 cuando hagan la tala de árboles. Mientras tanto, las seis familias con sentencia y las 40 que esperan la decisión de un juez no saben qué hacer: los jueces no hacen entrega material de los bienes, la URT no puede disponer de la madera para su venta y ellos deben continuar esperando una década más hasta que la RIA finalice su proyecto agroindustrial.
La mayoría de las víctimas huyeron desplazadas en 1995. Si la tierra se las devuelven en 2034, habrán transcurrido casi cuatro décadas para recuperarla.