Este viernes, organizaciones protestarán por las muertes en serie que sacuden al país
Desde las 4 de la tarde de este viernes 26 de julio, las organizaciones campesinas y comunitarias del sur de Córdoba se concentrarán en el parque conocido como La Bonga de Tierralta, para iniciar un recorrido por varias calles de ese municipio en protesta por los asesinatos en serie de representantes comunitarios en lo que se ha denominado ‘Marchemos por los Líderes’, jornada que es impulsada a nivel nacional por el grupo multipartidista Defendamos la Paz.
Desde la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascosucor) organizan lo que será el recorrido de esta actividad que se realiza en honor a la líder comunitaria María del Pilar Hurtado, asesinada el pasado 21 de junio en una de las calles de este municipio en presencia de su hijo.
José David Ortega, delegado político de Ascsucor, llamó la atención de la comunidad tierraltense en favor de los líderes comunitarios, quienes han sentido la amenaza y muchos han encontrado la muerte en su trabajo por defender los derechos de sus colectivos.
«Esperamos reunir el mayor número de personas alrededor de esta jornada, porque debemos resaltar la importancia que tienen los líderes sociales en nuestra región», dijo Ortega.
Añadió que en Puerto Libertador, otro municipio asediado por los actores armados ilegales y que han declarado objetivo militar a los líderes campesinos, también se realizará la jornada para llamar la atención de las autoridades buscando garantías de protección.
Del mismo modo, en Montería, se realizará un plantón en la Universidad de Córdoba, se firmará un pacto por la no violencia durante la campaña política y se realizará una misa en la Catedral San Jerónimo de esa ciudad.
No paran las amenazas
Según José David Ortega, pese a los anuncios hechos por el gobierno sobre protección a los líderes sociales en Córdoba persisten las amenazas y los riesgos para esta personas.
Dijo que después del crimen de María del Pilar Hurtado, se han presentado 15 nuevas amenazas contra miembros de su organización en Córdoba, lo que agrava la situación para quienes ejercen la labor de defensa de los derechos de los campesinos y desplazados.
Y agrega que en lo corrido del gobierno del presidente Iván Duque, 74 líderes han denunciado todo tipo de amenazas en ese departamento.
«La ruta de protección y plan de acción oportuna que el gobierno anunció desde el año pasado se ha quedado solo en el papel, porque las amenazas y los riesgos persisten y lo peor es que no se está haciendo nada efectivo para proteger a estas personas», agregó Ortega.
Y añadió que en la mayoría de los casos las amenazas no son denunciadas ante las autoridades porque aumenta el riesgo para quien lo hace.
«Si un líder denuncia ante la Fiscalía, cuando regresa a su vereda ya esos bandidos lo saben y aumenta el riesgo para esa víctima», explicó.
Aunque reconoce el trabajo de las tropas del Ejército a través de la Fuerza de Tarea Aquiles, denunció que este año también se han presentado tres casos de desplazamientos, uno en San José de Uré, otro en Tierralta y el más grande en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador, donde el pasado mes de marzo huyeron de las amenazas cerca de 2.500 campesinos.
Finalmente, José David Ortega, pidió mayores garantías para el ejercicio de los defensores de derechos humanos, de quienes dice no se han visto amparados con la aplicación del decreto 660 que estipula el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.