Luego de permanecer más de tres años en la incertidumbre, un fallo de una jueza de restitución de tierras despejó los nubarrones que se cernían sobre Puerto Pisisí, el segundo megapuerto que se proyecta en la región del Urabá antioqueño y que estaba enredado por un lío predial.
En una decisión que puso a la obra en la antesala para obtener un nuevo visto bueno por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el pasado 12 de septiembre un juzgado de Apartadó dirimió un proceso de restitución que tenía frenado el proyecto desde finales de 2019.
A través de una sentencia de 93 páginas, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó permitió a esa sociedad portuaria disponer de cinco predios que habían quedado inmersos en un proceso de restitución y habían sido objeto de una medida cautelar.
“Ese documento del juez era el que nos hacía falta y nos pone a revisar unos detalles finales de algunos componentes técnicos que faltan y muy rápido proferir la resolución de autorización para la operación de esta concesión portuaria”, expresó William Fernando Camargo Triana, presidente de la ANI, señalando que ayer se realizó una reunión con las comunidades y con la sociedad portuaria para formular un plan de trabajo con miras a hacer esos ajustes.
Por su parte, José María Díaz Pernas, director general de Transitia RC (que en el futuro operaría la terminal) expresó que la sociedad espera que se formalice cuanto antes la expedición de esa nueva resolución para así firmar el contrato de concesión y luego iniciar con la obra.
Las claves del fallo
Pese a estarse estructurando al menos desde 2015, cuando el 20 de mayo de ese año la Sociedad Portuaria Turbo Pisisí S.A. solicitó a la ANI una concesión para construir la terminal, el panorama de la obra se ensombreció cuando la Unidad de Restitución de Tierras emitió una resolución en la que incluyó al menos cinco predios de ese proyecto en un proceso de restitución.
Ubicados en la vereda Casanova de Turbo, dicha zona fue descrita en ese proceso como escenario del conflicto armado, cuando en la década de 1990 grupos paramilitares emprendieron una campaña de exterminio contra varios integrantes de la Unión Patriótica y obligaron a por lo menos seis familias a abandonar sus casas en medio de amenazas.
Pese a que la sociedad argumentó en reiteradas ocasiones que sus predios habían sido comprados de buena fe, la ANI decidió poner en suspenso el otorgamiento de la concesión para el puerto y expresó que hasta no resolverse el lío no otorgaría luz verde.
En medio de la disputa, tal como lo contó este diario en mayo de 2021, seis familias reclamantes y esa sociedad firmaron un pacto buscando garantizar el futuro del puerto.
Mientras la empresa se comprometió a reconocer la condición de víctimas de los reclamantes y crear una serie de beneficios para apoyarlos (como una empresa asociativa para ellos e incentivos para la construcción de vivienda), estos se comprometieron a no pedir la restitución material de sus predios en caso de que el proceso saliera a su favor.
El panorama de la obra
Tal como aparece en la sentencia, la determinación de la jueza resultó beneficiando a las dos partes. Mientras por un lado las seis familias reclamantes fueron beneficiadas con la restitución, la sociedad portuaria pudo volver a disponer de los lotes involucrados.
En el caso de los reclamantes, la decisión determinó que podrán recibir un inmueble cuyo valor se equipare al de los predios reclamados, previo a un avalúo que realizará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
“A partir de las próximas semanas tenemos una agenda que se activa desde este viernes para revisar algunos componentes técnicos que hacen falta, entre los que está un tema de conectividad vial. Ya con esa formalización lo que sigue es revisar el cronograma de implementación, ajustar los componentes de ejecución que tiene el proyecto en sus diferentes fases”, señaló Camargo Triana.
Desde la sociedad portuaria, Díaz Pernas señaló que tras la expedición de la nueva resolución de la ANI, se espera poder alistar cuanto antes el terreno para el inicio de las obras.
“El recurso financiero está disponible, nos ha costado mucho mantenerlo, pero tenemos un grupo de financiamiento que nos garantiza su presencia durante todo el proceso. Todavía no podemos dar una fecha de inicio de obra, pero esperamos estar dando inicio en el corto plazo”, expresó Díaz.