Restitución en Urabá genera tensiones entre Unidad de Tierras y ciertas ONG

Incumplir las obligaciones y deberes que la ley le asignó; adelantar una labor de desprestigio contra las organizaciones no gubernamentales que acompañan víctimas del despojo de tierras; y censurar las críticas que ellas lanzan contra el proceso de restitución son, en términos generales, las razones por las cuales un grupo de organizaciones no gubernamentales con presencia y trabajo en Antioquia elevaron una queja ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue disciplinariamente a Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y la Asociación de Víctimas Tierra y Paz, organizaciones que acompañan víctimas del despojo y del conflicto armado en Antioquia y quienes interpusieron la queja ante el Ministerio Público, la entidad estatal “no ha realizado las acciones que le corresponden para que le restituyan poco más de 48 mil hectáreas de tierra al consejo comunitario Pedeguita y Mancilla en Riosucio, Chocó”.

A esto se suma, según estas organizaciones, que la URT “tampoco ha cumplido con las medidas cautelares dictadas por la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia –en el caso de Pedeguita y Mancilla-, lo que viene generando perjuicios ambientales en la zona y revictimización de esa comunidad”.

También señalaron que la entidad, creada por la Ley 1448 de 2011, “no ha realizado ninguna intervención efectiva para que se restituyan las tierras al Consejo Mayor de la Cuenca del Río Curvaradó (…) perpetuándose un escenario de ilegalidad que impide que estas comunidades puedan volver a sus territorios” y, además, denunciaron en comunicado público que “funcionarios y contratistas de la URT han emprendido una campaña de falsas acusaciones, buscando desprestigiar a las organizaciones que trabajan en favor de los campesinos despojados y en especial en el caso de Urabá”.

No es la primera vez que los procesos de restitución de tierras en el Urabá antioqueño y chocoano generan tensiones entre la URT y las comunidades negras, los campesinos y las organizaciones sociales. El pasado mes de septiembre, mediante comunicado público, el consejo comunitario La Larga Tumaradó (Cocolatu) cuestionó duramente a la entidad estatal por las demoras que se han presentado en este caso de restitución colectiva, que ajusta poco más de tres años en etapa administrativa. (Ver más en: Título minero enreda restitución en consejo comunitario La Larga Tumaradó)

En el comunicado, la junta directiva de Cocolatu calificó la actuación de la URT como dilatoria y poco garantista, aseverando, además, que “la Unidad (de Restitución de Tierras) posee una débil legitimidad entre nosotros, no cumple cabalmente su rol”. Por las demoras presentadas en este mismo caso de restitución colectiva, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado de Tierras de Quibdó ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Regional Chocó y a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para que investiguen a Elkin Rocha, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), territorial Urabá.

Consejos comunitarios: florero de Llorente

El 6 de marzo de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó emitió un Auto en el que negó imponer medidas cautelares a favor del consejo comunitario Pedeguita y Mancilla, ubicado en el municipio de Riosucio, Chocó. La decisión fue apelada por la Defensoría del Pueblo y el 25 de junio del mismo año, la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia revocó tal fallo. Es decir, no solo concedió las medidas cautelares a favor del consejo comunitario, sino que emitió una serie de órdenes a diferentes entidades estatales.

A la Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía de Riosucio les ordenó suspender cualquier tipo de transacción o inscripción de negocios jurídicos en terrenos al interior del consejo comunitario; a la inspección de Policía de Riosucio la conminó a suspender todo tipo de desalojo del territorio colectivo; a la Corporación Autónoma del Chocó le solicitó abstenerse de otorgar cualquier tipo de licencia ambiental para actividades extractivas al interior del consejo comunitario y a la Policía Nacional elaborar un plan de protección para los habitantes de dicho territorio.

Aunque ninguna orden va dirigida en particular a la URT, Manuel Garzón, abogado integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña comunidades negras en el Bajo Atrato chocoano, señala que “las demoras de la Unidad en el proceso de restitución de tierras de este consejo comunitario favorece la explotación del territorio por parte de agroempresarios, tal como viene sucediendo”.

Según Garzón, actualmente en el consejo comunitario Pedeguita y Mancilla una empresa llamada Agromar viene tumbando bosque primario para desarrollar allí grandes plantaciones de plátano y banano. “No sabemos cuáles son los intereses de esta empresa. Lo cierto es que, hace cinco meses, un grupo de líderes del consejo comunitario fue a Bogotá a denunciar la situación y a su regreso fueron amenazados de muerte por grupos neoparamilitares. Y como el caso ante la URT no avanza, pues es más compleja la situación”, advierte el abogado.

Se trata de uno de los casos de restitución colectiva más complejos que tiene en sus manos la URT. Su historia se resume de la siguiente manera: finalizando la década de los ochenta, una oleada de colonos, principalmente antioqueños, pobló un territorio habitado por comunidades negras. Muchos de los colonos compraron mejoras y otros cuantos se beneficiaron con adjudicación de baldíos por parte del desaparecido Incora.

Pero, en 1996, el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) lanzó una feroz arremetida contra frentes de las Farc y el Eln que se movilizaban por el Bajo Atrato Chocoano. Las incursiones generaron una ola masiva de éxodos y poco más de 8 mil personas, entre colonos y afros, debieron abandonar el territorio por cuenta de los cruentos combates. Un par de años después, la palma africana comenzó a inundar las tierras de Pedeguita y Mancilla. El paso de los años y la justicia se encargaron de demostrar la ilegalidad de dichos negocios agroindustriales.

Pero todo se complicó con el retorno, sin acompañamiento y por su propia y cuenta y riesgo, de cientos de familias de colonos que fueron expulsados a finales de los 90. Llegaron en 2013 y no fueron pocos quienes llevaron sus casos a la URT. Por un lado, la junta del consejo comunitario alega que ha llegado gente ‘queriendo pescar en río revuelto’, que nunca ha habitado el territorio. De otro lado, al tratarse de tierras inalienables, imprescriptibles e inembargables, allí no se pueden realizar restituciones individuales sino que estas deberán ser a nombre del consejo comunitario respectivo que, a su vez, devolverá los predios a los campesinos reclamantes.

Al respecto, VerdadAbierta.com consultó con la URT para saber el estado de estos procesos. Según indicaron funcionarios de la entidad estatal, los días 30 de septiembre y 1 de octubre de este año se realizó ante la junta del consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla la socialización del informe de afectaciones étnico-territoriales por parte de la URT, paso previo para presentar la demanda de restitución ante los jueces de tierra.

¿Censura?

Estudios realizados por la Fundación Forjando Futuros, que acompaña y asesora legalmente víctimas de despojo de tierras, indican que, en seis años de vigencia de la Ley 1448, conocida como de Víctimas y Restitución de Tierras, se han restituido –o compensado- 217.657 hectáreas, mientras que unos 4.230 predios rurales y unos 266 urbanos han sido restituidos –o compensados- a sus legítimos dueños.

De un total de 108.128 solicitudes presentadas ante la URT, unas 30.143 fueron rechazadas por la entidad estatal. De otro lado, se han proferido 2.888 sentencias judiciales que han resuelto 5.147 casos, en el 92 por ciento de ellos a favor de las víctimas. Para Forjando Futuros, se trata de un balance muy pobre toda vez que los casos resueltos equivalen al 4.8 por ciento del total de solicitudes. De acuerdo con la Fundación, el balance en Antioquia y la región de Urabá es aún más paupérrimo.

Mientras, en el departamento se han presentado 19.474 solicitudes, de las cuales se han resuelto judicialmente 731 casos mediante 429 sentencias, es decir, un avance apenas del 3.8 por ciento; en Urabá, el porcentaje de casos resueltos solo llega al 2.3 por ciento, que equivale a decir que de 6.154 solicitudes realizadas en la región agroindustrial, solo se han resuelto judicialmente 142 casos mediante 80 sentencias.

Dichos análisis fueron publicados recientemente por un medio de comunicación de circulación nacional, “pero el señor (Ricardo) Sabogal presionó a ese medio para que no se publicaran las cifras, en un claro ejercicio de censura y de vulneración del derecho a la libre expresión de las organizaciones sociales”, manifiesta Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros.

VerdadAbierta.com conoció el comunicado enviado al medio de comunicación por parte de Ricardo Sabogal, director de la URT, en donde aclara algunas cifras presentadas por la Fundación Forjando Futuros y termina señalando que “respetuosamente, dejamos esta información para que los lectores del medio en cuestión tengan acceso a las cifras oficiales” y que, en ningún caso, se vulneró el derecho a la libre expresión de las organizaciones.