Dicen que reclamar sus tierras es arriesgarse a perder la vida, pero se niegan a huir con las manos vacías. Son campesinos del Urabá antioqueño y del Chocó que ahora andan en carros blindados, con chalecos antibalas y escoltas porque se decidieron a reclamar tierras de las que fueron despojados por grupos armados entre 1997 y el 2002.
Son 15 líderes reclamantes que representan a 4.000 familias y dicen estar amenazados por la banda criminal conocida como ‘clan del Golfo’ y por “civiles armados” que señalan de “guerrilleros” a quienes lideran procesos de reclamación de tierras.
Los campesinos de esta zona del país que reclaman tierras son de La Larga y Tumaradó, en el bajo Atrato; de Necoclí, Turbo y Mutatá (Urabá antioqueño), y de los resguardos indígenas de Chidima y Pescadito, de Acandí y el Carmen del Darién (Chocó).
En un encuentro organizado por el Cinep con autoridades, la semana pasada en Apartadó, los reclamantes denunciaron que han recibido panfletos del ‘clan del Golfo’ en los que esta banda se identifica como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y firma como “Estado mayor”.
Los campesinos se lamentan de la lentitud en los procesos de restitución de tierras y de la escasa o tardía reacción de las autoridades locales ante los grupos armados ilegales que circulan por el territorio. Esto, dicen, ha generado desconfianza en las instituciones regionales. Por esto piden que sus denuncias sean trasladadas a Bogotá para que las atiendan en una instancia nacional.
En la vereda Guacamayas de Turbo, de donde era Porfirio Jaramillo, reclamante de tierras asesinado el 28 de enero, dicen que sus denuncias ante la Fiscalía no prosperan: “Hemos denunciado con nombre propio a los que amenazan y despojan y no ha pasado nada”, afirma un líder campesino.
En Jiguamiandó (Chocó) cuestionan que “militares no patrullen por el territorio y las autodefensas sí”. Los reclamantes aseguran que la seguridad que ofrece la Unidad Nacional de Protección (UNP) a quienes están amenazados es “insuficiente”.
Solo 71 sentencias
De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, desde el 2011 han recibido 7.100 solicitudes de restitución de Urabá y Chocó, de las cuales 3.200 han sido estudiadas y 900 han sido puestas en conocimiento de los tres jueces que están a cargo, y quienes han dictado 71 sentencias.
El director regional de la Unidad de Restitución, Elkin Rocha, reconoce que “ningún recurso ni esquema de seguridad será suficiente” para contrarrestar la situación que viven los reclamantes, si la Fiscalía no avanza en la judicialización.
Y una fuente de la Fiscalía le dijo a EL TIEMPO que los tres fiscales seccionales encargados de llevar a cabo los procesos de restitución tienen un total de 2.700 casos a su cargo, lo que genera sobrecarga y lentitud en los procesos.
El retraso en las investigaciones también se debe, según la fuente, a que no hay suficientes policías judiciales al servicio de los fiscales, y los que hay están por fuera de sus funciones. Por ejemplo, cuidando camiones de una empresa de refrescos. En Apartadó, durante el encuentro con los reclamantes de tierras, la Consejería para los Derechos Humanos, la UNP y la Defensoría del Pueblo se comprometieron a consolidar cifras de amenazas y homicidios de reclamantes desde el 2011.