El puerto multipropósito más moderno del país se construye en el golfo de Urabá y ocupa 70 predios que son reclamados por el Consejo Comunitario de Puerto Girón, una comunidad afro que, sin mayores consultas, ha aceptado la gran obra. Un sueño de antaño de empresarios bananeros que han sido acusados de financiar grupos paramilitares desde 1996.
Puerto Girón aparece en el mapa de Colombia como un punto a orillas de un largo río que desemboca en el imponente golfo de Urabá. Un lugar estratégico, testigo del tránsito de banano de exportación, habitado históricamente por comunidades afro que han vivido de la riqueza de ese río llamado León. La industria bananera y la ganadera se han disputado estas tierras a sangre y fuego, lo que ha fomentado significativamente la destrucción ambiental de la biodiversidad que alberga el mar Caribe en ese golfo.
A 20 minutos del caserío de Puerto Girón se ubica el corregimiento Zungo Embarcadero, sitio donde opera, desde el siglo pasado, un muelle privado que embarca banano de exportación a los mercados de Europa y Estados Unidos. Este muelle también ha sido cuestionado porque sus propietarios, presuntamente, financiaron a grupos paramilitares, según lo afirmó la Fiscalía General por medio de una resolución de diciembre de 2017 en la que declaró delito de lesa humanidad la financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por parte de empresas bananeras.
Es más, en ese muelle, conocido popularmente como Zungo, el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC desembarcó 3000 fusiles AK-47 y cinco millones de cartuchos 7,62 milímetros que arribaron desde Nicaragua en el barco Otterloo. Dicho arsenal fue camuflado con pelotas de plástico y luego almacenado en bodegas de la empresa Banadex S. A., filial de Chiquita Brands, de acuerdo con el mismo documento de la Fiscalía.
Por estrategia, los empresarios, desde el siglo pasado, vienen estructurando un nuevo puerto para trasladarlo cerca al golfo. Uno que sea más amplio y con mejores capacidades de carga y descarga de mercancías. Luego de 65 años, en abril de 2022 se puso la primera piedra y en mayo empezó la construcción de lo que hoy se llama Puerto Bahía Colombia de Urabá-Puerto Antioquia. Según estimaciones comerciales, tendrá una capacidad para mover 7,8 millones de toneladas al año y una perspectiva del 10 % de las exportaciones del país. Sin embargo, una investigación del portal web Verdad Abierta señala que una parte de esas tierras aún está en proceso de restitución por haber sido despojada a los afro durante el conflicto armado.
Paradójicamente, el Consejo Comunitario no se ha opuesto al proyecto, pero sus representantes siguen reclamando las tierras de los negros. Un sector de los habitantes comenta de un mal acuerdo con los empresarios que construyen el puerto y también de los impactos ambientales que el proyecto traería para el golfo y la región. No obstante, el silencio de los pobladores al indagar sobre ese tema es producto del miedo que aún genera la amplia presencia paramilitar en la zona, principalmente de los herederos de las AUC, quienes han influido en el despojo de tierras.
Un territorio ancestral afro en medio de la diversidad
Para llegar al Consejo Comunitario Puerto Girón hay dos maneras, pero primero hay que arribar al corregimiento Riogrande, de Turbo, ubicado en la vía nacional que atraviesa al Urabá. De allí en adelante son 14 kilómetros de una carretera estrecha, tupida por un carril de árboles y extensas fincas bananeras que van hasta el corregimiento Nueva Colonia, también de Turbo. En ese punto es que se bifurcan las opciones: una de ellas es por tierra. Se ingresa por la vía de la comunal Palos Blancos, en un recorrido por extensas fincas de terratenientes bananeros y pequeñas parcelas de campesinos que viven en las veredas El Diamante y San Pablo. El trayecto finaliza pasando un tramo de placa huella y el puente desde donde se divisan las construcciones en palafito. Desde allí se puede divisar el caserío de Puerto Girón.
La otra manera de llegar es por agua. Hay que finalizar el trayecto hasta el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo; tomar una lancha por el canal que llega al río León y adentrarse a contracorriente. El paisaje se modifica. Las fincas son reemplazadas por las barcazas de compañías bananeras que transportan los contenedores hacia el golfo; junto a estas, se suman las máquinas de dragado, las lanchas ancladas a la orilla del río, pescadores saliendo con sus redes tipo trasmallos y muelles artesanales. De fondo resuenan vallenatos que se funden entre el reggae, la champeta y otros ritmos autóctonos del Caribe.
Llegué a Puerto Girón en septiembre de 2022, al caserío donde habitan alrededor de 150 familias. Sus habitantes poco querían hablar sobre la construcción de Puerto Antioquia. La violencia paramilitar en la región de Urabá, que se ha extendido desde el siglo pasado, aún genera miedo y silencio. Hice tres visitas al caserío con el fin de indagar sobre las tierras en disputa, el acuerdo de compromisos que firmaron con los empresarios portuarios para que no se realizara la consulta previa a esa comunidad ancestral y los posibles impactos ambientales que traería la megaobra.
Me recibió una mujer de sonrisa contagiosa y amable. Era Gloria Correa*, quien ha acompañado la lucha que tienen en Puerto Girón desde 2001 por la titulación colectiva de su territorio ancestral, que abarca un poco más de 11.000 hectáreas de tierras. “A nosotros nos vienen a parar bolas desde que se vino todo eso del puerto, antes ni siquiera nos miraban, ni dolientes teníamos, estábamos en un abandono total del Estado”, comentó Correa durante una conversación que sostuvimos en la primera visita al caserío.
De las 11.269 hectáreas que reclaman, y que el portal Verdad Abierta pudo corroborar, la Corporación Autónoma de Urabá (Corpourabá) declaró la isla, o Bahía Colombia, ubicada frente al centro poblado de Puerto Girón, como reserva protectora en 2009 y en 2011 como Parque Natural Regional. Cerca de 5.000 hectáreas fueron excluidas de esa manera de las reclamaciones del Consejo Comunitario. Otras están en manos de empresarios, terratenientes y políticos. La Bananera Agrícola Santamaría (socia del puerto en construcción mediante Augura) es una de las empresas asentadas en los predios en disputa. También hay tierras en manos de particulares que la consiguieron luego de la violencia paramilitar que se tradujo en asesinatos y desplazamientos masivos.
Tras esos hechos, las tierras fueron compradas a los afros y campesinos a cambio de precios irrisorios. Un ejemplo de ello es el de la señora Margarita Montoya de Acevedo, que, según investigación del portal Verdad Abierta, adquirió tierras en 1989 por medio del Incora (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria) de manera irregular. Semanas después de que los habitantes de Puerto Girón se desplazaran tras el asesinato de uno de sus líderes, y por las amenazas de paramilitares que los acusaban de proteger a la guerrilla. La señora Montoya adquirió 76 hectáreas que hoy son reclamadas ante los jueces por estas comunidades.
La señora Montoya es una foránea de ese territorio, pero sobre esos predios construyó una casa que luego fue sellada por autoridades administrativas de la alcaldía de Apartadó. “Esa señora tiene un documento diciendo que ella llegó en el 76, yo llegué en el 90 y ella ni existía por aquí. Ahí donde ella tiene una casita, toda feíta en la isla, vivía un señor que vendía gasolina y, según dice ella, él fue quien le vendió. Después de que la alcaldía la sellara, un trabajador de ella lo quitó y la alcaldía no volvió. Le tienen miedo, Margarita es el terror”, denunció en la misma entrevista Gloria Correa.
En la actualidad, el Consejo Comunitario Puerto Girón continúa en la lucha por la titulación colectiva de sus predios; tanto así, que tuvieron que acudir ante un juez de restitución de tierras de Apartadó para firmar compromisos con los empresarios que hoy construyen Puerto Antioquia: esto a raíz de que la servidumbre de la construcción pasa por sus terrenos y es necesario un permiso constitucional. Sin embargo, Gloria Correa dice que dicho trámite legal, llamado consulta previa, “no fue obligatorio, algo a lo que tenemos derecho como Consejo Comunitario. Solo nos reunimos y la mayoría decidió que sí permitíamos el paso y, por obvias razones, el inicio de las obras”. La mujer reconoció que la comunidad nunca se ha opuesto a la construcción del puerto; por el contrario, han sido mediadores, aunque eso no quiere decir que vayan a dejar de insistir en la restitución de sus tierras.
Acuerdos de papel
En un documento de 14 páginas, firmado por la comunidad de Puerto Girón y los representantes de Puerto Antioquia, quedaron consignados cerca de ocho compromisos materiales para que la comunidad aceptara, sin exigir el derecho constitucional a la consulta previa, el inicio de la megaconstrucción en el golfo de Urabá. La materialización de dichos acuerdos debió iniciarse paralela a la del puerto, aunque pasados cinco meses eso sigue siendo una utopía.
Uno de los compromisos consistía en entregar diez becas anuales para jóvenes de la comunidad que no tienen oportunidades de desarrollar estudios superiores. Sin embargo, a la fecha solo se ha entregado una de ellas para estudiar Contaduría en la Universidad Abierta y a Distancia (Unad). Las otras nueve están en veremos, incluida la de Yuleisy Córdoba, quien buscaba estudiar Ingeniería Ambiental, pero no le otorgaron la beca porque en la universidad en mención no estaba disponible ese programa universitario. Es más, como la beca incluía solo la matrícula, el presupuesto de la joven tampoco alcanzaba para cubrir los gastos cotidianos en caso de optar estudiar en una de las dos ciudades más cercanas: Medellín o Montería. Ella aspira ser beneficiada más adelante, si está disponible la carrera, ya que el acuerdo consiste en que cada año exista esa oportunidad para los jóvenes.
De las otras becas no se sabe mucho. La hermana de Yuleisy es la única que está estudiando Contaduría en la Unad y los demás, según algunas personas del pueblo, abandonaron la oportunidad. Sin embargo, el caso de Yuleisy contradice esa versión.
La construcción del puerto y los daños ambientales
A Yuleisy la encontré afuera de su casa, una edificación construida sobre unos pilares de madera que levantaron hace décadas en ese humedal del río León, cuyo caudal se fue secando con el pasar de los años. Allí construyeron el caserío para ubicarse cerca de la desaparecida empresa Maderas del Darién, en la que trabajaban en la explotación maderera. Este tipo de estructuras se llaman palafitos y es muy común verlas dentro de los ríos en los territorios del pueblo afro.
Yuleisy estaba viendo cómo le hacían trenzas en el cabello a su hermana, mientras contaba su historia. Al lado también estaba su mamá. Contó que el acuerdo de las becas se cumplía a medias y también cuestionó la construcción de Puerto Antioquia, que afectará sin duda a los pescadores de Puerto Girón y sus alrededores, quienes practican esta actividad para su sustento en la desembocadura del río León. “Eso del puerto uno tiene que ver las ventajas y desventajas, por lo menos a mí me preocupa que se nos seque el río. Si aun sin el puerto eso ya se está viendo, ahora imagínese con él”, comentó la joven mientras hablábamos de su sueño truncado: estudiar Ingeniería Ambiental para defender su territorio.
Puerto Antioquia empezó a construirse en mayo de 2022, días después de que el entonces presidente Iván Duque pusiera la primera piedra en el sector conocido como la Mejor Esquina de América, a media hora en lancha desde Puerto Girón, exactamente en el corregimiento Nueva Colonia, municipio de Turbo. Este megaproyecto ha sido presentado ante las comunidades como la mejor oportunidad de desarrollo, no solo para Urabá, sino para el país. De acuerdo con un reportaje publicado en Teleantioquia, la obra cuesta 720 millones de dólares y está financiada por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Bancoldex y Davivienda; y sus principales socios son empresarios de la región: CMA Terminals, Upli (Unión para la Infraestructura), Termotécnica Coindustrial, Eiffage Infraestructuras S. A. S., Pio S. A. S., Uniban, Agrícola Santamaría, Banafrut y C. I. Tropical.
La Mejor Esquina de América está ubicada en la desembocadura del río León, en el golfo de Urabá. Es una zona biodiversa en flora y fauna, repleta de diferentes tipos de mangles y especies de monos como el tití cabeciblanco. Además, queda frente a “la Isla” o Bahía Colombia, una reserva natural que separa al río León del golfo y donde también desemboca el río Suriquí.
Porfirio Serna, vocero de la Asociación de Pescadores de Puerto Girón, afirma que los representantes de Puerto Antioquia les prometieron a los pescadores no construir pilotes para el viaducto en el río que obstaculicen el tránsito normal de sus embarcaciones; incluso, que los pescadores serán compensados o indemnizados en caso de que se afecten sus faenas por la disminución de pescados debido al cambio del ambiente de las aguas ante la presencia constante de buques que llegarán al puerto.
Es un problema que no es desconocido ni por los empresarios ni por los afros, quienes en los acuerdos también incluyeron un punto para la compensación de los daños ambientales. Esto implicaría, según el profesor Vladimir Toro, del programa de Ingeniería Oceanográfica de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, poca circulación y oxigenación del agua, pues la infraestructura del puerto disminuye el oleaje y las aguas estancadas no van a poder circular; eso genera malos olores y muerte de algunas especies.
Es más, el agua lastre que traen los buques para mantener un peso que les permita viajar en condiciones seguras desde zonas remotas, como Estados Unidos y Europa, también trae especies depredadoras que contaminan el golfo. Esa es una hipótesis que tienen los expertos ambientales. “El manejo del agua lastre, que la Dirección General Marítima (Dimar) ha venido trabajando, se le debe poner más cuidado, ya que por norma, para descargar esta agua de los buques, es indispensable un tratamiento”, dijo el profesor Toro en entrevista para este reportaje.
Esto se sumará al derrame de aguas residuales que reciben el río y el golfo, pues ningún municipio de Urabá tiene planta de tratamiento para estas aguas. Situación que, de no resolverse pronto, se convertirá en uno de los graves problemas ambientales de la zona, sentenció el docente. En los acuerdos, Puerto Antioquia se comprometió a construir en Puerto Girón la planta de tratamiento de aguas lluvias y residuales, de acuerdo con las necesidades del Consejo Comunitario. No obstante, esta obra tampoco ha iniciado.
El profesor Toro también reconoce que desde la academia no existen estudios específicos sobre los impactos a la biodiversidad que ocasionará la construcción de Puerto Antioquia. “No hay línea base ambiental para determinar qué hay y en tantos años qué vamos a tener de lo que hoy está”, advirtió. Y en caso de que exista, la autoridad ambiental, Corpourabá y la misma Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) debieron recibir los estudios del puerto para dar la viabilidad y los permisos para construir. Sin embargo, no pudimos acceder a estos documentos, a pesar de la insistencia ante los funcionarios de Corpourabá y Puerto Antioquia.
Estas implicaciones ambientales son apenas la punta del iceberg de todas las desventajas que traerá esta megaobra para la comunidad de Puerto Girón. Algunos habitantes, que no quisieron revelar su nombre por temor a represalias, afirmaron sentirse expulsados del territorio. “Pareciera que nos quisieran sacar como sea, aunque ahora disimulado, con el tema del malecón y las otras obras”, dijo un joven entrevistado durante mi segunda visita a Puerto Girón.
El malecón, la construcción de la Casa Ancestral y la adecuación de contenedores para la institución educativa son otros de los compromisos que se concertaron con la comunidad para permitir la construcción de Puerto Antioquia. Por ahora, se realizaron los estudios y diseños del malecón, conocido como Muelle de Colores Ancestrales, aunque Corpourabá y la Alcaldía Municipal de Apartadó no han entregado los permisos para empezar su construcción. La comunidad está a la espera de que Corpourabá les otorgue una cita para agilizar dicha gestión y que el puerto no tome ventaja ante los compromisos con la comunidad.
Los líderes afros expresaron que dicha corporación ambiental ha mostrado cierta apatía con los problemas que atraviesa Puerto Girón. Tanto en el tema de sus tierras, como en las afectaciones y solicitudes derivadas de los bananeros y ahora de Puerto Antioquia. Una de las decisiones más cuestionadas es la declaratoria como zona de Reserva Natural Bahía Colombia, de cerca de 5000 hectáreas, las cuales forman parte de las tierras que reclaman. Para Gloria Correa, esa acción fue premeditada: “Creo que declararon eso como reserva para no darnos lo que nos corresponde, porque eso que usted ve ahí al otro lado, los mangles, es pura fachada, porque dentro de la reserva han tumbado árboles e incluso hay ganado”.
Corpourabá está a cargo de esta reserva y del Consejo de Cuenca del río León. También debe vigilar y administrar los pagos por servicios ambientales de Puerto Antioquia, que al ser una infraestructura de gran magnitud ocasionará daños en la fauna y la flora. La comunidad ha denunciado desde hace varios años el abandono de esta corporación porque permite deforestación en la reserva Bahía Colombia y que empresarios del banano sigan expandiendo sus cultivos sin ningún tipo de regulación. “Si nosotros cortamos un árbol, enseguida nos hacen llamado de atención, pero va uno a exponer algún daño por el paso de las barcazas, vienen, toman fotos y no pasa nada”, expresaron los líderes Gloria* y Porfirio*.
El consejo comunitario de Puerto Girón forma parte de los siete que están inscritos en el Ministerio del Interior correspondientes a la región de Urabá: Consejo Comunitario Bocas del Atrato y Leoncito, Consejo Comunitario Manatíes, Consejo Comunitario Los Mangos, Consejo Comunitario Mayor de Comunidades Negras de Nueva Colonia en Turbo, Consejo Comunitario por el Desarrollo Integral en Murindó y Consejo Comunitario Río de Guaduas en Chigorodó; aun con esta estructura organizativa, poco ha sido el apoyo brindado por las organizaciones afro nacionales, que se asientan en el territorio, con el fin de que las 11.000 hectáreas de tierras en disputa sean finalmente adjudicadas a esta comunidad.
Puerto Girón está habitado por más de 500 personas, en su mayoría afrodescendientes. Su consejo comunitario, que los representa colectivamente, ha dicho que la comunidad nunca se ha opuesto a la construcción del puerto, siempre y cuando se respeten y cumplan los compromisos conforme a las tradiciones ancestrales que tiene este pueblo. No quieren que se destruya el ambiente ni que su pesca tradicional deje de existir por cuenta del desarrollo económico. Quieren seguir lavando a la orilla del río y tejiendo los trasmallos con los que se adentran en el León para lograr grandes faenas de pescados.
*Los nombres de las personas fueron cambiados por solicitud de los entrevistados.
**Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) como parte del proyecto ‘CdR/Lab Periodismo para cubrir los conflictos por la tierra’. Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de estas organizaciones.