La Corte Suprema de Justicia aceptó para su estudio una acción de tutela presentada por las víctimas del Clan del Golfo, para suspender de manera provisional la extradición de Darío Úsuga, alias Otoniel, requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el homicidio y tráfico de drogas.
En la tutela, las víctimas le piden a la sala de casación penal que el excomandante del Clan del Golfo entregue la verdad a las autoridades colombianas, que responda en el país por sus crímenes y que repare a las víctimas.
Esta petición fue elevada a la Cancillería, la fiscalía general de la Nación, los abogados de ‘Otoniel’, el ministerio de Justicia, la dirección de investigación criminal, Interpol y el procurador segundo delegado.
Las víctimas señalan que ya existen notables antecedentes de que después de la extradición, “el aporte a la verdad disminuye considerablemente, lo que aumenta la impunidad”, y agregan que debido a toda la información que tiene ‘Otoniel’ y las acciones que se adelantaron en el Urabá antioqueño en contra de la población civil, es necesario que responda principalmente por estos hechos antes de que se avale su extradición.
La defensa de Otoniel aseguró, por medio de un comunicado, que el trámite de extradición sigue su curso normal en el despacho del magistrado Diego Corredor Beltrán, ante el cual han pedido la evaluación de elementos materiales de prueba frente a la petición de extradición radicada por una corte de los Estados Unidos.
“La bancada de la defensa no es la promotora de la acción de tutela y no está llamada a ser vinculada a dicho proceso. No conoce la finalidad buscada con el amparo constitucional por parte de los actores y su representante, y espera que con la intervención de la sala de casación civil, como juez constitucional, no vea afectado el trámite de extradición que actualmente cursa en contra de David Antonio Úsuga David”, precisa el documento.
Otoniel, quien fue capturado el pasado 24 de octubre en un operativo adelantado por el Ejército, la Policía y la Armada en el Urabá antioqueño, exactamente en el cerro Yoki, ubicado entre Necoclí y San Pedro de Urabá, se encuentra recluido en la actualidad en los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), en Bogotá, bajo estrictas medidas de seguridad.
En su contra cursan siete sentencias condenatorias por terrorismo, secuestro, tráfico de drogas, entre otros delitos.