15 años tardó la familia de Jesús Alfonso Bedoya para ver justicia en el caso de su hijo, asesinado por el Ejército en zona rural de Carepa en 2007.
Alfonso tenía 21 años cuando soldados del Batallón Voltígeros, Unidad orgánica de la Décima Séptima Brigada lo asesinaron y lo hicieron pasar como guerrillero de la quinta cuadrilla de las Farc.
El hecho ocurrió en el Zungo, corregimiento de Piedras Blancas en el municipio de Carepa. Los mismos soldados que lo mataron lo trasladaron hasta el hospital del municipio y lo reportaron como guerrillero abatido en combate. El 5 de septiembre de 2007 el Ejército sacó un comunicado que hablaba de dos bajas en un operativo exitoso contra las Farc esta zona del Urabá.
Fue un juez penal militar llamado Alexánder Cortés, quien empezó a desenmascarar este y otras ejecuciones extrajudiciales. Cortés había llegado a Carepa seis meses antes del asesinato de Bedoya a indagar sobre una serie de irregularidades que más adelante se conocerían ante la opinión pública como falsos positivos.
A cargo de Cortés, el juzgado 94 penal militar empezó a encontrar inconsistencias en supuestos casos de combates y guerrilleros abatidos, uno de estos fue el caso del joven Bedoya, quien padecía una insuficienia renal y anemia falciforme que le causaba graves problemas de movilidad. Incluso, una semana antes de ser asesinado había sido atendido en el hospital por quebrantos de salud relacionados con su patología.
Fue la necropsia, además, la que arrojó que su muerte había sido una ejecución y no un combate. Adicionalmente las investigaciones jamás hallaron rastro de combate en la zona donde el ejército reportó el mismo, y en el curso de su investigación, Cortés confirmó el modus operandi de los soldados de la brigda 17 que participaron en estos crímenes.
El juez Cortés, que hizo posible que decenas de falsos positivos ocurridos en Carepa entre 2007 y 2008 llegaran a la justicia, fue enviado a otra zona del país y posteriormente destituido en 2010.
El caso de Bedoya se dilató, pero finalmente el Consejo de Estado condenó a la nación a pagar una millonaria multa a la familia que, finalmente, según señaló el abogado que los defendió, Javier Villegas, puede quedar tranquila porque la justicia logró limpiar el nombre de su hijo.