Sor Teresa Gómez Álvarez, alias La Negra hizo parte de las estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU- y se consolidó como la representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba –FUNPAZCOR-.
De acuerdo a la Fiscalía, FUNPAZCOR no sólo sirvió como fachada paramilitar para legalizar la apropiación de tierras en los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia, sino que además propició aproximadamente 500 desplazamientos forzados así como un sinnúmero de desapariciones de campesinos que se negaron a entregar las tierras.
La relación entre la Fundación y los paramilitares era tal, que Carlos Mauricio García, alias Doblecero pertenecía a la Junta Directiva de FUNPAZCOR y a su vez comandaba el Bloque Metro de las ACCU.
De acuerdo a investigaciones, Sor Teresa Gómez hacía parte de un grupo paramilitar comandado por alias Palillo. En 1997, los paramilitares de Palillo desplazaron a comunidades campesinas en el corregimiento de Blanquicet, en el municipio de Turbo, quienes habían sido beneficiarios del gobierno holandés para adquirir predios.
La Fiscalía concluyó que el grupo del que hacía parte Gómez, falsificó la firma y la huella del representante legal de la cooperativa de dicho corregimiento y amenazó al notario de Carepa (Antioquia) para elaborar las escrituras de las tierras usurpadas.
La decisión del juzgado de Turbo, reconoce además la existencia de un proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- cuyo fin era apropiarse de miles de hectáreas de tierras de campesinos para cultivar de manera extensiva palma de aceite.
El juzgado señala que la labor de Gómez se centró en administrar las fincas robadas y desplazar comunidades con el fin de propiciar la invasión de sus predios. De igual manera, la decisión afirma que era una subordinada de Palillo y resalta que su labor se ejerció en medio del afán de la organización paramilitar para acondicionar los terrenos en donde posteriormente se sembraría palma.
Según el excomandante paramilitar Ever Veloza alias alias HH, Carlos Castaño le había informado a su hermano Vicente del robo de cerca de 100.000 hectáreas de tierra para proyectos palmicultores que se llevarían a cabo con empresarios y bananeros precisamente en el corregimiento de Blanquicet. En 2015, la hermanastra de los paramilitares Castaño aceptó haber participado en desplazamientos en Turbo y Necoclí, razón por la cual fue condenada a 12 años de cárcel.
Gómez Álvarez ya había sido condenada por un Juzgado Especializado de Medellín también por desplazamiento forzado en Jiguamiandó y Curvaradó durante los años noventa.