Es inaceptable, preocupante y una ofensa a la institucionalidad que una organización criminal emprenda supuestos planes de “venganza” contra integrantes de las Fuerzas Armadas cada que es golpeada por las operaciones oficiales. Pero parece estar ocurriendo. Por ello se requieren respuestas eficaces y contundentes en contra del denominado “clan del Golfo”, empeñado en retar a la autoridad.
Aunque los investigadores no descartan que tras los ataques recientes a policías (patrulleros y oficiales) en Urabá, Cesar y Medellín, puedan estar otros grupos armados ilegales como el Eln o la banda “los Pelusos”, la hipótesis más fuerte recae en que son “los Urabeños” los responsables de la muerte de cinco uniformados esta semana.
Los golpes policiales contra jefes de esta organización de corte “narcoparamilitar” desataron un llamado “plan pistola” tan condenable como inadmisible. Quienes están en la ilegalidad no pueden seguir retando de esta manera a la Ley y sus representantes. O mejor: el Gobierno Nacional no puede permitir que en el país prosperen estructuras capaces de lesionar de manera tan grave la vida, integridad, bienes y seguridad de ciudadanos y servidores públicos.
Esta semana, sicarios tirotearon por la espalda a dos patrulleros en Carepa. Le dispararon a uno más en Chigorodó. Lanzaron una granada a una patrulla en las afueras de Medellín y balearon a un comandante del Gaula en Río Seco, Valledupar. Además, el 29 de abril, pistoleros emboscaron al jefe del Distrito 10 de Policía, en Caicedo, Antioquia.
En 2016 se presentaron otros tres supuestos planes para “cobrar” la muerte de uno de los jefes del “clan del Golfo” y en respuesta a bajas e incautaciones sensibles dentro de la Operación Agamenón, que aún no permite la captura del máximo cabecilla de ese grupo delincuencial, alias “Otoniel”.
En medio de la solidaridad que se debe expresar a la Policía Nacional, por la pérdida de hombres aguerridos y protectores tan valiosos del orden democrático, hay que ver con sentido muy crítico lo que ocurre y dimensionar el alcance y el poder que ha alcanzado esta estructura criminal que, por supuesto, deber ser combatida y sometida al sistema judicial, como lo advirtió el hoy vicepresidente y general en retiro, Óscar Naranjo. Cualquier otra actitud sería mostrar debilidad y aceptar que tras largos años de fortalecer a las Fuerzas Armadas, aún hay ilegales capaces de poner en la mira a las autoridades y atreverse a cumplirlo.
Los atentados además reflejan, por lo menos en Antioquia, una presencia marcada de “los Urabeños” en la ruta que va de Medellín al Mar Caribe. Entre el corregimiento San Cristóbal, Caicedo, Chigorodó y Carepa se traza un corredor natural (muy activo) para tráfico de drogas, minería ilegal y diferentes delitos que afectan localidades ubicadas en ese tramo: extorsión, secuestro, explotación sexual y microtráfico, entre otros.
No cabe pensar que el influjo y poder militar de una banda criminal está desbordando la capacidad de respuesta y autoprotección de la Policía y otros organismos de seguridad. A este fuego intimidante y dañino se le debe apagar con la contundencia de un Estado fuerte y decidido.
Son inaceptables las vendettas de ilegales contra un Estado que debe demostrar control, soberanía y autoridad. Estas vidas no pueden enterrarse con más impunidad.