Un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad relata cómo paramilitares del bloque Élmer Cárdenas de las Auc trabajaban en connivencia con funcionarios públicos y madereras en el noroccidente del país para despojar y amenazar a campesinos que se resistían a irse de sus hogares.
“Ese día (17 de octubre de 1995) llegaron cinco hombres armados; a ella la sacaron de la casa… la mataron con arma blanca y arma de fuego, las autodefensas o paramilitares fueron los que cometieron este crimen por quitarle la tierra… ocho días antes de que mataran a mi tía ella me contó que Eladio Torres Madera (político del sector y miembro del bloque Bananero de las Accu) y Clímaco Chamorro (funcionario del Incora) le dijeron que renunciara a la parcela, que firmara un documento en blanco, ella no quiso y creo que por eso fue que la mataron (sic)”.
Este relato anónimo es parte de una sentencia del Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia, dentro del caso “Vereda Paquemás”, una zona rural en el municipio de Turbo, parte de la región de Tulapas -en el Golfo de Urabá-. El testimonio, que aparece en “Urabá-Darién: el desplazamiento mutante”, un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), es uno de los que dieron centenares de campesinos del noroccidente del país, que dan cuenta de alianzas sistemáticas entre miembros del bloque Élmer Cárdenas -y otras filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)- con funcionarios públicos y empresarios para sacar de sus hogares a miles de familias.
La Unidad de Restitución de Tierras calcula que durante la guerra fueron despojadas, al menos, 40.000 hectáreas en Tulapas, una extensión cercana a la de Medellín.
El anexo del Informe Final de la CEV , además de informar del caso de Paquemás, reúne sentencias de Justicia y Paz y sendos documentos que narran cómo el despojo se convirtió en una práctica para ganar control territorial en la confrontación armada que tenían los paramilitares con las extintas Farc a inicios de milenio. Solo entre 2001 y 2006, de acuerdo con la CEV, se estima una expulsión de 76.479 personas, producto de esta conducta criminal.
El documento también muestra que hay un sector crucial en los despojos a campesinos, pero del que poco se ha hablado: el de las madereras de Urabá y el Darién chocoano.
Fredy Rendón Herrera, conocido en la guerra como el Alemán, fue cabeza del bloque Élmer Cárdenas y uno de los primeros paramilitares en reconocer ante un tribunal la incidencia maderera en los despojos que él ayudó a coordinar. Ante Justicia y Paz dijo: “El bloque Élmer Cárdenas se financió, entre otras fuentes, a través de las contribuciones impuestas a los contrabandistas y narcotraficantes, como los hermanos Yabur, además de Octavio Rojas, Claudia Rojas y Fernando Maffioli. Pero también a través de los aportes de ganaderos y comerciantes, entre ellos Jaime Uribe Castrillón e Ignacio Suárez, y empresas como Maderas del Darién”.
Justamente, Maderas del Darién (también conocida como Madarién), filial de la compañía Pizano & Cía. S. A., fue un punto clave en el documento de la CEV para describir los modos de operar de los despojos en el noroccidente colombiano.
En concreto, teniendo en cuenta información otorgada por el Alemán ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, el Informe Final cita lo siguiente sobre la maderera: “Aportaron mensualmente a la agrupación armada irregular, desde el año 2000, entre 20 y 30 millones de pesos, recibiendo a cambio seguridad en sus instalaciones y en lugares de corte maderero; el grupo ilegal utilizó las frecuencias de antenas repetidoras, por intermedio de estas se comunicaban las tropas… Maderas del Darién nunca cambió la frecuencia filial de muebles Pizano o de Triplex Pizano (…)”.
Este diario ya había detallado la participación de otros sectores, como el ganadero, que a través del Fondo Ganadero de Córdoba, participó en los despojos jurídicos realizados en Tulapas, bajo órdenes de la Casa Castaño. Comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como el exgobernador de Córdoba Benito Osorio Villadiego, y el expresidente del fondo, Benito Molina afirmaron ante la justicia transicional que la financiación empresarial fue crucial para la realización de los despojos.
Un negocio a tres bandas: madera, caucho y política
Los despojos jurídicos con los que poderosos empresarios en Urabá y paramilitares desterraron a miles de campesinos en el Urabá y el Darién desde decenas de notarías antioqueñas opacaron otro tipo de despojo, tan silenciado como masivo: el productivo.
Puerto Girón es uno de los casos más emblemáticos de este tipo de despojo. En este corregimiento de Apartadó confluyeron empresas creadas por socios de paramilitares que, escudados en la supuesta realización de actividades productivas para la región, se apropiaron de tierras ajenas de forma violenta.
En esta zona, el Fondo Ganadero de Córdoba y las Auc usurparon los territorios colectivos de Las Tulapas, Curvaradó, Jiguamiandó y Piedeguita. Claro, esta actividad no la hicieron solos. El Alemán, hilo conductor en esta historia relatada por la CEV y el folio de sentencias en la que él es partícipe, fue ayudado por sus dos hermanos, Jhon Jairo Rendón Herrera (paramilitar conocido en la guerra como Germán Monsalve) y Jesús Cárdenas Rendón en la creación de las empresas Comercializadora Internacional Multifruits y Cía. Ltda., y la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización -Incuagro- por medio de las cuales promovieron el nacimiento de las compañías El Indio y La Gironda (ambas reforestadoras) y las productoras de caucho Procaucho y Caucho San Pedro.
Lo que ocasionó este conglomerado de empresas constituidas a punta de fraudes y marañas notariales fue la captación de más de $24 mil millones en recursos públicos que “mimetizaron el despojo” en la región, según describe la CEV.
Detrás de la operación de estas empresas de reforestación y caucho estaba la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), asociación que según el Informe Final estaba apoyada por Luis Carlos Restrepo Ramírez, comisionado de Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; el exsenador Ramón Valencia Duque (condenado por la Corte Suprema por sus nexos con El Alemán, para recibir apoyo paramilitar en las elecciones legislativas de 2006), y Victoria Restrepo Uribe, excoordinadora nacional del Programa contra Cultivos Ilícitos.
Todo esto configuró estos despojos productivos y jurídicos, mejor descritos por el testimonio de una víctima de despojo en el Urabá que le contó su flagelo a la CEV: “¿Qué hay ahí hoy? Hay grandes extensiones de tierra sembradas con plantaciones de madera, como la que tiene el Fondo Ganadero, teca y caucho, y yo no sé qué otra cosa en la región donde nosotros vivíamos”.