En las últimas semanas se ha notado otra vez una intensa presencia de paramilitares camuflados y con armas largas, los cuales han entrado por la vereda Playa Larga provenientes de Nuevo Antioquia, corregimiento de Turbo, y por la vereda La Resbalosa provenientes de Córdoba. Están llegando a las veredas e intimidando a los campesinos, anunciando que les van a quitar sus teléfonos celulares para que no informen de su presencia a nuestra Comunidad de Paz, insistiendo en que está prohibido informar de su presencia y menos a la Comunidad de Paz.
Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:
El martes 30 de julio de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz se enteró de que estaban amenazando fuertemente a los integrantes de nuestra Comunidad que viven en la vereda La Resbalosa. Allí los paramilitares están anunciando que no van a permitir que los miembros de nuestra Comunidad sigan trabajando en una de las fincas comunitarias de nuestro proceso de vida en dicha vereda. Al parecer hay muchos intereses empresariales y de narcotráfico que los llevan a impedir que la gente siembre alimentos en huertas de pan coger, pues quieren que la tierra se dedique a objetivos ajenos a los de la subsistencia del campesinado y que éste se someta a planes e intereses de sectores poderosos que solo buscan dañar y destruir la naturaleza y explotar al campesino para su provecho.
El jueves 1 de Agosto de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan las 32 veredas de San José de Apartadó les están prohibiendo terminantemente a los pobladores, especialmente a quienes tienen tierras en las veredas de Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, entre otras, vender sus tierras sin permiso de ellos y menos a la Comunidad de Paz, advirtiendo que, si alguien lo hace, tendrá que atenerse a graves consecuencias. Fuera de la persecución que el paramilitarismo ha sostenido durante más de dos décadas contra nuestra Comunidad de Paz, buscando a toda costa su exterminio y desaparición, la población de la región percibe cada vez más claramente que el paramilitarismo, y los poderes que detrás de ellos se expresan, buscan un control cada vez más absoluto del territorio para someterlo a planes perversos, en beneficio de una élite pequeña y poderosa.
El viernes 2 de Agosto de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones de que el comandante paramilitar alias “René” quien ha sido desde hace algún tiempo el encargado del control y expendio de drogas en el área de San José, se había retirado de la zona diciendo que se trasladaba a causa de las fuertes denuncias que hay en su contra, lo cual le impedía ejercer mayor control. Según informaciones, fue trasladado por sus mandos paramilitares al corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. Al despedirse lanzó fuertes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestado que: “la única que denuncia es esa Comunidad de Paz, pero esto no se quedará así”.
El sábado 3 de Agosto de 2019, en horas de la noche, llegaron cerca de 15 paramilitares camuflados y portando armas largas de fuego a la vereda El Porvenir. Allí ingresaron a las viviendas de los campesinos anunciando que llegaron para solucionar algunos problemas de mala fama que tienen los paramilitares en la zona, manifestando: “estamos aquí porque la población civil dice -y hay muchas denuncias que así lo muestran- que nosotros los paramilitares somos unos asesinos y ladrones y eso lo vamos a solucionar, pues nosotros no somos malos”. Al mismo tiempo, en tono amenazante, preguntaron a los pobladores que si tenían celulares, a lo que los pobladores respondieron que no. Allí permanecieron toda la noche en los alrededores de las fincas.
El domingo 4 de agosto de 2019, a las 12:00 del día, fueron vistos nuevamente estos mismos paramilitares que habían llegado el día anterior a la vereda El Porvenir y que se habían quedado acampando cerca de las viviendas de los campesinos.
El martes 6 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad de Paz hizo presencia, con acompañamiento internacional y de la Defensoría del Pueblo de Apartadó, en las veredas Alto Joaquín y Puerto Nuevo y en el corregimiento de Frasquillo, del municipio de Tierralta, Córdoba. Allí nuestra comunidad defiende unas propiedades colectivas en la cuales viven miembros de nuestro proceso de Comunidad de Paz. Se pudo evidenciar que los paramilitares siguen siendo los que controlan todo allí, desde el comercio de drogas de uso ilícito, las que transportan con el permiso de la Armada Nacional que tiene allí una base; el comercio de alimentos, el cual controlan para no vender sino a quienes ellos les quieren vender; el control sobre la represa, regulando toda la movilidad en embarcaciones tipo Johnson, y el despojo de tierras de las familias que viven cerca de la represa. Todo esto ligado al pago de impuestos obligatorio que le exigen a los campesinos.
El miércoles 7 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad realizó un recorrido con acompañamiento internacional hacia la vereda La Esperanza, pasando por la vereda El Porvenir ambas dentro del territorio del corregimiento de San José, pues ya habían muchas informaciones según las cuales los paramilitares habían estado en esos días anteriores recorriendo las viviendas de los campesinos. Estando allí, en el camino que conduce de la vereda El Porvenir hasta la vereda La Esperanza, se pudo comprobar que había presencia de paramilitares armados muy cerca del camino, lo cual confirmaba su presencia en la vereda El Porvenir. Según pobladores de la vereda La Esperanza, los militares habían estado esos mismos días patrullando en la vereda La Esperanza pero no en El Porvenir, distante unos 40 minutos de La Esperanza y que era el lugar donde los paramilitares estaban llegando a ingresar a las casas de los campesinos. Ya es suficientemente conocida la táctica militar y su articulación con los paramilitares, consistente en no coincidir en los mismos espacios para no dar la impresión de que se apoyan mutuamente.
El jueves 8 de Agosto de 2019, a las 9:00 de la mañana, un contingente militar de la Brigada 17 del ejército llegó al pequeño caserío, antiguo asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Unión, allí comenzaron a visitar las casas de los campesinos haciendo un censo o empadronamiento. No sabemos qué objetivo tendría dicho censo, lo que es muy claro es que en años anteriores la Brigada 17 del ejército hacía estos censos o empadronamientos ilegales y todas esas informaciones terminaban en las manos de los paramilitares quienes luego iban asesinando a mucha gente que aparecía en esas listas.
El pasado 19 de junio se puso en conocimiento del Presidente Duque un compendio de agresiones contra nuestra Comunidad de Paz, sufridas entre agosto de 2018 y mayo de 2019 [Rad: EXT 19-00060721], con la reiterada petición de cumplir sus obligaciones constitucionales como garante de derechos, todo acompañado de un recordatorio de principios de derecho internacional que le impone a todo mandatario hacerse cargo de los hechos de sus predecesores cuando no se decide a condenar, corregir y reparar lo que viene del pasado destruyendo el Estado de Derecho. La respuesta fue idéntica a la de los ex Presidentes Samper, Pastrana, Uribe y Santos: remitirle los llamados al Ministerio de Defensa (responsable de primer orden de los hechos) y allí las peticiones comienzan un peregrinaje de años, de oficina en oficina, donde ningún oficial o sub-oficial quiere repudiar los hechos perpetrados por sus colegas, prefiriendo solidarizarse con ellos en el disimulo, la evasión, el encubrimiento y la opción de manos caídas y “vista gorda”. Nada cambia. Nada cambia. Nada cambia. Todo sigue igual. Son rutinas que han trillado su camino en 22 años.
Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.