Cabecilla del ‘clan’ señaló que recibían el 5 % de los contratos. Mencionó a varios exgobernadores.
Graves señalamientos contra exgobernadores, contratistas y hasta empresas salieron a la luz en la última versión ante la justicia colombiana que rindió Dairo Antonio Úsuga David, el cabecilla del ‘clan del Golfo’ capturado en octubre de 2021, que será extraditado a Estados unidos en los próximos días.
Según conoció en exclusiva EL TIEMPO, el narcotraficante (conocido como alias Otoniel) aseguró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los mandatarios regionales no solo tenían vínculos con los paramilitares, sino que recibían el 5 por ciento de los contratos.
Aunque el jefe del ‘clan’ hizo esa referencia sobre los últimos años de la década de 1990 y los primeros de la del 2000, aseguró que en la actualidad se mantiene la connivencia del clan con agentes del Estado y de la Fuerza Pública, e incluso habló de que varios políticos y uniformados están en “la nómina” en las regiones donde delinque el ‘clan del Golfo’.
Este diario estableció que tras las declaraciones de ‘Otoniel’, los magistrados de la JEP compulsarán copias para que se investigue la veracidad de los señalamientos del cabecilla.
Personas cercanas al proceso dijeron que Úsuga respondió de manera abierta a todas las inquietudes que se le plantearon, y que incluso mencionó con nombre y apellido a varios exmandatarios que en su momento se reunieron con jefes paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Entre los mencionados estarían exgobernadores de Meta, Casanare y Guaviare, así como un exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia.
En la primera parte de la diligencia judicial, que se llevó a cabo el martes, ‘Otoniel’ mencionó al excomandante del Ejército Nacional, el general en retiro Mario Montoya Uribe, de quien dijo que, supuestamente, recibió dineros y prebendas de las autodefensas a cambio de traslados de militares y otras acciones irregulares.
La segunda parte de la versión fue rendida este miércoles ante los magistrados de la JEP Alejandro Ramelli y Hugo Escobar Fernández de Castro, el procurador delegado Alonso Pío, los abogados de víctimas del Colectivo Orlando Fals Borda, Javier Villegas Posada Abogados y Walter Mejía y Asociados, y su defensor Camilo Santacoloma.