En un bombardier de matrícula N110CP –vestido con overol azul y tenis grises– llegó en la noche de este miércoles a Estados Unidos el exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, para enfrentar un proceso por narcotráfico.
Su destino fue la cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York, donde pasó sus primeras 12 horas como extraditado, luego de que el presidente Iván Duque pusiera en marcha el operativo de custodia y traslado que lo llevó desde los calabozos de la Dijín, en Bogotá, hasta el aeropuerto militar de Catam, en la capital del país.
Allí no permaneció más de 30 minutos y –tras ser reseñado por agentes federales y de la Interpol– la aeronave (perteneciente a una firma privada de aviación registrada en el Estado de Virginia) despegó pasadas las 5:50 de la tarde.
“Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. No solo se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías y uno de los más peligrosos criminales del planeta”, enfatizó el presidente Duque.
“Otoniel”, quien ya tiene 50 años y que comenzó su carrera delictiva a los 16 en las filas de la extinta guerrilla del EPL, es requerido por cortes de Nueva York y La Florida, por traficar más de 200 toneladas de cocaína.
Los cargos que enfrenta son castigados por la legislación estadounidense hasta con cadena perpetua, pero el tratado de extradición firmado entre Washington y Bogotá prohíbe la imposición de una condena de esa naturaleza a los connacionales enviados a ese país. Eso se traduce en que se les puede imponer una pena no mayor a las que establece la ley colombiana, que van hasta los 60 años de cárcel.
Las acusaciones en su contra datan de 2010, cuando el Departamento del Tesoro lo incluyó en la Lista Clinton –junto a otros líderes del Clan del Golfo (antes llamado “los Urabeños”) como “don Mario”, “Mi Sangre”, “Gavilán” y su hermano Juan de Dios Úsuga David, alias Giovany (abatido en 2012) por blanqueo de capitales y narcotráfico.
Pero el expediente por el que terminó llegando en la noche de este miércoles a una celda de la cárcel de Brooklyn, donde también está preso “don Mario” (su otrora mentor en las filas del Clan del Golfo), se abrió a mediados de 2015 por coordinar envíos de cocaína desde el 2002 hacia territorio estadounidense.
En ese proceso, según el indictment, coordinó rutas a través de Panamá, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México, y asesinó a varios rivales y oficiales de al menos cinco países que intentaron ponerle freno.
Este proceso se cocinó en la Corte del Distrito Este de Nueva York, la cual lo pidió formalmente en extradición el 23 de octubre de 2015. Y casi que en paralelo, pero en la Corte del Distrito Sur de La Florida, se le abrió otro expediente también por narcotráfico que, además, cobijó a otros ocho cabecillas de la organización que comandó hasta el 23 de octubre de 2021 cuando fue capturado en zona rural de Necoclí, Antioquia: 6 años después –y exactos– de que se formalizara la solicitud de enviarlo a cárceles estadounidenses.
Ese operativo lo ejecutaron 650 comandos de la Policía y del Ejército, apoyados en 22 helicóperos y en la cooperación de agencias de inteligencia de Estados Unidos e Inglaterra. Un policía murió ese sábado de octubre.
La extradición tardó 193 días
Desde ese momento hasta que se concretara su envío a territorio estadounidense, se registraron varios intentos por frenar su extradición.
Incluso, su defensa en Colombia –compuesta por al menos 4 abogados– intentó infructuosamente que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo aceptara, argumentando que hizo parte de las filas paramilitares y guerrilleras que por cinco décadas desangraron al país.
De hecho, en 1995 –a poco de cumplir 20 años– se desmovilizó junto a otros 2.500 guerrilleros del EPL. Y, menos de 12 meses después, entró a las llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que terminaron siendo rebautizadas como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En esas tropas ilegales, en las que conoció a “don Mario”, estuvo hasta su desmovilización en 2005, pero no resistió la vida civil sino por unos 6 meses y terminó ayudando a reclutar alrededor de 4.500 hombres para conformar “los Urabeños”.
Pero nada de esta carrera criminal, que sus abogados esbozaron en sendos oficios dirigidos a la JEP, le sirvió para ser admitido en el tribunal transicional que sí tenía el poder de frenar su extradición.
En efecto, el 23 de marzo pasado los magistrados le dijeron que “no”, que su caso no hace parte de esta órbita y que, palabras más palabras menos, es un narcotraficante pura sangre.
Con ese precedente, el 6 de abril pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló formalmente su extradición y solo dos días después el presidente Duque la firmó.
Si bien se presentaron recursos para intentar frenar ese proceso –y hasta el Consejo de Estado admitió preliminarmente una tutela de las víctimas de “Otoniel” que detuvo un par de días su traslado–, este miércoles el Jefe de Estado fue notificado de que el camino legal ya estaba completamente libre para su envío.
Ese mensaje –según estableció EL COLOMBIANO– le llegó a Duque pasado el mediodía y, de inmediato, dio instrucciones para no demorar más la extradición de un sujeto que, no obstante, enfrenta una condena de 40 años de cárcel en Colombia por la masacre de Mapiripán (Meta) –perpetrada en julio de 1997– y que tiene pendientes expedientes por más de 500 crímenes cometidos por el Clan del Golfo entre 2007 y 2021.
“Quiero dejar claridad que, una vez cumpla estas condenas, regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país. Quiero, también, hacer absoluta claridad en que este delincuente deberá seguir colaborando con las autoridades colombianas que lo requieran en sus investigaciones y pesquisas”, precisó Duque en una declaración desde la Casa de Nariño.
Este golpe a la ilegalidad, sin duda, es un hito en la lucha contra el narcotráfico, pero impone ahora el reto de descabezar a los hombres a los que “Otoniel” les heredó el poder: Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”) y Wilmer Antonio Giraldo Quiroz (“Siopas”), quienes –como lo reveló EL COLOMBIANO– ya comandan un ejército ilegal de 3.804 hombres.