Paramilitares en Antioquia, Chocó, Nariño, Córdoba, Santander… muerte, extorsión, desplazamiento y terror en gran parte del territorio en que operaban las Farc.
Del PTN Héroes de Murrí, en Vidrí, Vigía del Fuerte, dan cuenta de presencia paramilitar en Pavarandó, corregimiento de Mutatá, Antioquia; en los alrededores de Bebaramá, Bebará, La Peña y la comunidad indígena de Chagadó, municipio de Medio Atrato, Chocó; y en la comunidad de Jiguamiandó, perteneciente a Murindó, Antioquia, al igual que en otros caseríos de esta localidad, como Bartolo, El Pital, Pueblo Yuca y Murindó Viejo.
De la ZVTN Aldemar Galán, ubicada en Betania, Policarpa, Nariño, reportan la existencia en el río Patía de una banda armada con fusiles y pistolas e integrada por desertores de las Farc y el ELN, cuyo asiento es la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Magüí Payan, dedicada a asesinar pobladores, asaltar entables mineros y camiones con mercancías, y extorsionar a los comerciantes y mineros de los municipios Magüí Payan y Barbacoas.
Por su parte, de la ZVTN Ferney Martínez, ubicada en Gallo, Tierralta, Córdoba, informan de presencia de grupos armados de hasta 30 hombres en las veredas Mutatá, La Pedregosa, La Luna, y El Llano del corregimiento de Saiza, cuyos mandos se identifican como Simón, Julio, Mordisco y Calabaza. De igual manera en las regiones de Naín, Baltasar y La Matera, donde su jefe es un tal Rayo. También en los sectores de El Barro, la Resbalosa, Playa Larga, Zabaleta y El Cuello de los corregimientos de Mulatos y Nueva Antioquia, municipio de Turbo, Antioquia. Y en las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas sector de San José de Apartadó, sitio La Máquina.
De la ZVTN Juan Carlos Castañeda, en Carrizal, Remedios, Antioquia, relacionan así la presencia paramilitar. En el sur de Bolívar, en Montecristo, opera el clan del Golfo, cuyos miembros visten de civil y portan armas cortas en los cascos urbanos. Controlan todos los puertos del río Caribona hasta Regencia. En las veredas del Caribona, con brazaletes de Autodefensas Gaitanistas, patrullan grupos de hasta 50 hombres. Las AGC hacen presencia pública en Cantagallo y San Pablo, también con el nombre de R 15, ejerciendo control sobre el narcotráfico y el microtráfico.
Las mismas AGC que operan en San Pablo se extienden a Santa Rosa del Sur y Simití. También hay presencia paramilitar en el municipio de El Bagre, Antioquia, y en el corregimiento Puerto López, donde bajo amenazas han desplazado numerosas familias. Se sabe de presencia paramilitar en las veredas San Pedro Alto, Puerto Líbano, Corrales, Puerto Los Indios, Cedro San Pedro y San Pedro Alto de Nechí y en Caucasia, donde visten de civil e intimidan la población urbana y rural.
Remedios y Segovia son área de dominio del clan del Golfo, bajo el mando de quien se hace llamar El Zarco, quien dirige extorsiones a todo el sector comercial y minero, al igual que amenazas a los pobladores. En la zona rural, hacen presencia en los sitios conocidos como Santa Isabel de Amará y La Cruzada hacia la vía de Cañaveral, además de la vereda El Diamante de Segovia. Estos lugares se hallan a menos de dos horas de la ZVTN de Carrizal. Las AGC tienen presencia en Palo Cabildo y Palizada entre Zaragoza y El Bagre. Al parecer pertenecen al clan del Golfo los asentados en la Hacienda Ité y San Juan de Bedout en Yondó, que extorsionan los pobladores de la región.
Razones de espacio me impiden referir la presencia paramilitar reportada en distintos lugares de Santander, así como la información suministrada desde otra decena de zonas veredales. El fenómeno es muy parecido en todas ellas y significa muerte, extorsión, desplazamiento y terror en gran parte del territorio en que operaban las Farc antes de su traslado a las zonas y puntos. Los continuos crímenes han sido denunciados por diversas organizaciones sociales.
Sorprende que el Ministro del Interior afirme que los líderes sociales asesinados en el 2017 no suman 41 sino 14. Su argumento central estriba en si los muertos son defensores de derechos humanos acreditados o no, lo cual establece a su juicio una diferencia abismal para definir si sus crímenes merecen ser considerados. Parecida lógica opera en el rechazo permanente del gobierno al carácter paramilitar de los diversos grupos reseñados.
Sin polémicas semánticas, nada de esto sucedería si se estuviera aplicando lo pactado en La Habana en materia de garantías de seguridad y combate a organizaciones responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.
Esto incluye de manera expresa a las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Así que la discusión sobre el nombre está de más. La solución está a la mano. Ninguna razón justifica la tardanza en su implementación.