La tutela pedía que se frenara la extradición “hasta tanto (‘Otoniel’) pague aquí en Colombia por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido”, o en su defecto, “se vincule a las diligencias que aparentemente está haciendo la Fiscalía (…) como parte civil en la masacre de Mapiripán”.
El escrito alega que ‘Otoniel’ “fue uno de líderes del grupo proveniente de Urabá por expreso designio de Carlos Castaño (hecho por el cual) existe una sentencia condenatoria a 480 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir y terrorismo (…) que no se había podido concretar toda vez que el condenado se encontraba prófugo de la justicia”.
En el trámite, la Fiscalía dijo que si bien “Úsuga David se encuentra privado de la libertad con fines de extradición, una vez se defina el procedimiento actual (concediendo o negando la extradición), deberá continuar privado de la libertad, indistintamente del territorio donde se encuentre”.
Y el fiscal 56 de la Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos confirmó que, en efecto, ‘Otoniel’, tiene una condena de 480 meses de prisión por los hechos cometidos en el municipio de Mapiripán –Meta.
Según la Fiscalía, el proceso de extradición “no imposibilita de ninguna manera que esta investigación prosiga y continúe el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidad en contra de los autores y partícipes de las conductas punibles, conforme ha venido ocurriendo”.
En fallo de 11 páginas, la Sala Civil de la Corte Suprema dijo que la tutela no procede “dado que el trámite de extradición simplificada aún no se había definido cuando se presentó la tutela”, ya que está en trámite está en marcha en la Sala Penal.
“No era procedente acudir con éxito al amparo cuando estaban en trámite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello riñe con el carácter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definición”, dice el fallo.