La Corte Suprema de Justicia determinó que los hechos tienen una relación con el conflicto armado interno.
Se conoció que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso contra tres militares condenados a 34 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó, registrada el 21 de febrero de 2005.
En el debate jurídico se determinó que existe una relación directa entre el conflicto armado interno y los hechos por los que fueron investigados y sentenciados los uniformados, hecho por el cual se cumple uno de los principales requisitos de esta justicia especial.
La Corte Suprema sostuvo que los sargentos segundo Henry Agudelo Cuasamayán Ortega; Ángel María Padilla Petro y el cabo segundo Sabarín Cruz Reina, quienes fueron sentenciados por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, cumplen con los requisitos para que su caso sea estudiado por esta justicia especial.
«Para la Corte surge evidente el nexo de los hechos que se resumen, con el conflicto armado interno, toda vez que las muertes atribuidas al personal castrenses se derivan de operaciones militares adelantadas en contra de grupos guerrilleros, que derivaron en convivencia con agrupaciones de Autodefensas y concluyeron con las muertes de varias personas señaladas de pertenecer a la subversión, que se dijeron muertas en combate pese a tratarse de campesinos”, precisó uno de los apartes del fallo.
En el análisis de la petición presentada por la defensa de los militares se concluyó que una de las bases del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es la satisfacción del derecho de las víctimas del conflicto armado y “contribuir al logro de una paz estable y duradera”.
Así como “adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hecho cometidos en el marco del mismo y durante este, que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y violaciones de los Derechos Humanos”.
Según la investigación, el Ejército puso en marcha de la Operación Fénix –adelantada por la Brigada XVII- en zona montañosa de Urabá. El operativo tenía como objetivo desmantelar las acciones ilegales que adelantaban los frentes 5 y 50 de las Farc.
En el desarrollo se unieron el Batallón de Infantería No. 47 –comandado por el teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán y con la jefatura de las operaciones del mayor José Fernando Castaño López-. Los militares contaron con la “colaboración” del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para realizar actividades de patrullaje en la zona.
El 21 de febrero de 2005, los integrantes de las AUC asesinaron a ocho personas, entre las que se encontraban dos menores de cinco y dos años de edad, a quienes calificaron de ser aliados de los grupos subversivos que delinquían en la región.