Desde masacres hasta hostigamientos por la estigmatización hacen parte de la larga lista de hechos violentos que esta semana fueron contados por sus habitantes, pertenecientes a la Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasa), quienes advierten que la guerra continúa.
Todos son campesinos y campesinas de San José de Apartadó. Se les nota en su acento, en sus manos, en sus uñas, algunas con un poco de tierra. Se les nota también en su amabilidad, en el trapo colgado en el hombro para limpiarse el sudor. Están callados. A un par se les asoma la tristeza. Al resto, la valentía. En unos minutos tendrán que declarar uno a uno ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los hechos que vivieron en el conflicto armado desde la década de 1980 hasta el año 2016.
San José de Apartadó fue protagonista en los titulares de los medios de comunicación en febrero de 2005, cuando tres niños y cinco adultos fueron asesinados por los paramilitares en alianza con la Fuerza Pública. Los hechos ocurrieron a pesar de que en 1997, partes de este corregimiento se declararon comunidad de paz y rechazado la presencia de cualquier actor armado, incluyendo el Ejército. En ese momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Gobierno colombiano medidas eficaces para amparar tal decisión.
Hoy algunos habitantes de la comunidad, pertenecientes a la Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasa), le contaron a la JEP todo lo que han vivido en medio de la zozobra y la intranquilidad en su territorio.
El primero en hablar fue un habitante de la vereda La Victoria, donde, según él, hubo varios asesinatos en la década de los noventa. Los culpables fueron los paramilitares, la guerrilla de las Farc y el Ejército. Recordó especialmente el homicidio de su hermano, simpatizante de la Unión Patriótica, en 1997, y de un líder comunitario, militante del mismo partido, en 1993. También nombró a otras cinco personas. Todas se dedicaban al campo. Todas estaban en medio del enfrentamiento de los grupos por el territorio: “Nos parece tan doloroso que todo esto haya pasado en una vereda tan pequeña. Tengo estos datos porque fueron los asesinados a quemarropa, pero hay más, algunos desaparecidos”.
La segunda en tomar la palabra fue una mujer. Dijo que el Ejército, que debía protegerlos, era uno de los actores más violentos. Los militares, señaló, fueron los causantes de varias masacres, como la ocurrida en 1996, en la que asesinaron a su hermana, quien estaba embarazada. Así recordó la noche de su homicidio: “Eran las dos de la madrugada cuando llegaron a la casa, tocando la puerta. Pensamos que eran borrachos y no abrimos. Pero en un momento tocaron más duro. Les dijimos: ‘Dejen dormir, dejen de cansonear’. Y siguieron hasta que tumbaron la puerta. Entraron, requisaron y se robaron unos $500.000. Un soldado alto, moreno, dio la orden de llevarse a mi hermanita amarrada. Hicieron lo mismo con otros cuatro campesinos, entre ellos el presidente de una cooperativa. A todos los mataron. Pero al presidente, que era líder de la comunidad, lo llevaron hasta una carnicería, donde lo colgaron en los ganchos de la carne”.
En ese mismo año, relató un habitante de la vereda El Porvenir, hubo otra masacre en Semana Santa: “Mataron a dos trabajadores de una cooperativa, al hijo de uno de ellos y al amigo”. Sin embargo, cree que es importante recordar la masacre de La Resbalosa, ocurrida en 2005. “Necesitamos que se sepa todo para que los responsables sean condenados: paramilitares y militares, una alianza que aún continúa. Aquí en Urabá no se mueve una aguja sin la orden de ellos”.
El 8 de junio de 2000 también fue una fecha dolorosa para San José de Apartadó. De nuevo, los paramilitares y los militares arremetieron contra la comunidad de paz. Seis hombres fueron asesinados en la vereda La Unión. “Mi hermano fue uno de ellos; les rogó por su vida, pero lo mataron. Lo mataron arrodillado. Y ni siquiera nos dejaban ir por los cuerpos. Nos decían que nos fuéramos, pero ¿quién deja a la familia botada?”, narró otra víctima de la zona.
Los relatos de masacres continuaron. Una familiar de las víctimas de La Resbalosa, uno de los hechos más impactantes para esta comunidad, contó que su hermano “fue picado en pedacitos”; su sobrino, un menor de edad, “fue asesinado con un machete”, y su cuñada fue degollada. Lo narró rápidamente, convencida de que al mal paso hay que darle prisa, y terminó su intervención contando que todos se fueron de San José a Medellín para olvidar ese dolor.
Otro hecho que se repite en las declaraciones de los campesinos es la cruz que cargan a cuestas desde hace tres décadas: la estigmatización. Los han tildado de guerrilleros y con ese argumento los han maltratado y perseguido. Una mujer contó que cuando sucedió la masacre de La Resbalosa, ella acompañó a los equipos que recuperaron los cuerpos. Por unas declaraciones que dio en un reportaje de televisión la hostigaron hasta que debió desplazarse. Incluso en el sector comercial, donde trabaja, la señalaron de ser despensa de la guerrilla.
Lo irónico es que ella es una víctima de las Farc. El frente 58 se llevó a su hermano, a quien le gustaba montar moto en su tiempo libre. Los guerrilleros pensaban que era un colaborador de las autodefensas. Sabe que está enterrado en la vereda de Las Nieves, pero no ha sido capaz de ir por su cuerpo.
Durante la audiencia, la magistrada María del Pilar Valencia preguntó si la comunidad de Apartadó alguna vez había recibido ayuda del Estado. Un hombre de la vereda Bellavista respondió que no y, en contraste, bien denunció que la mayoría de los jóvenes de hoy están en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el negocio del microtráfico.
Estos relatos son el complemento del informe escrito Van por nuestras tierras: a sangre y fuego, elaborado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación. Según magistrados de la JEP, esto ayudará a esclarecer el caso 004, con el cual se priorizaron las violaciones de derechos humanos en la región de Urabá, específicamente en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia, y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó.
La magistrada de la JEP y la comisionada de la verdad, María Ángela Salazar, tomaron nota. Los pobladores, mientras tanto, les respondieron que lo hacen porque anhelan la verdad y la reparación. Esta, dice un líder, “es la última oportunidad”.