La Procuraduría General de la Nación exigió a seis exintegrantes del Frente 57 de las FARC-EP, que operó en los municipios de Acandí, Unguía, Riosucio y Carmen del Darién, Chocó, entregar verdad plena sobre graves hechos violatorios de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Esta solicitud se hizo en el marco de la audiencia colectiva voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, realizada en Apartadó, Antioquia, entre el 9 y 10 de septiembre pasados.
“Para la Procuraduría, es urgente que, en garantía de los derechos de las víctimas, los comparecientes aclaren y reconozcan responsabilidad sobre los homicidios selectivos, ajusticiamientos, desplazamiento forzado, violencia sexual, utilización de medios y métodos de guerra prohibidos por el DIH y reclutamiento de menores de edad, que produjeron graves afectaciones y daños a las comunidades étnicas de esa región del Urabá”, advirtió el delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita.
Los comparecientes reconocieron que el frente 57 se componía de tres columnas, y cada columna por dos compañías, para aproximado de 280 o 300 hombres y mujeres.
A partir de los reconocimientos de verdad de estos comparecientes, el Ministerio Público hará la contrastación de la información con lo manifestado por otros excombatientes a fin de tener un panorama completo sobre lo que significó el conflicto armado en esa zona del Urabá y procederá a presentar las respectivas observaciones a la Sala de Reconocimiento de la JEP.