El colectivo nacional de víctimas organizadas más grande del país, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas (o MNPEV), busca con urgencia generar las sinergias institucionales y mediáticas necesarias para detener un desalojo colectivo programado para los próximos jueves 25 y viernes 26 de agosto de 2022.
Se trata de un predio en proceso de restitución de tierras. En el marco de dicho proceso, se falló a favor de la persona solicitante, vulnerando, en contraste, el derecho de 87 familias (315 personas: 169 mujeres, 146 hombres, 79 niños, 22 adultos mayores, 30 adolescentes y 9 personas en situación de discapacidad).
En un Comunicado, fechado para el 22 de agosto, el colectivo ha extendido un eco de acción inmediata: desde la nueva directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), María Patricia Pabón Yagarí, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, hasta la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Necoclí, han sido objetos del llamado de la Mesa.
Incluso, la Mesa ha apelado a fijar la atención sobre este caso, por parte de la Comisión Legal de Derechos Humanos del Senado de la República y del mismísimo presidente, Gustavo Petro
¿Qué se busca? suspender el desalojo, hasta que se instale una Mesa de Trabajo.
Dicha Mesa de Trabajo debería involucrar tanto a las entidades e instituciones mencionadas como a la población afectada, con la finalidad última de poner en contexto al actual Gobierno de la situación, de lo que sucede con estas familias y, evidentemente, avanzar en el diagnóstico de cuáles son las soluciones que podrían desprenderse de esta deliberación.
La lideresa que adelanta procesos de organización de víctimas en Antioquia, y quien hace parte del Comité Ejecutivo de la Mesa, Adriana Pérez Rojas, ha advertido sobre la posibilidad de que el proceso de desalojo escale en enfrentamientos en el territorio, pues ya ha pasado antes.
A comienzos del mes de marzo pasado, justamente, un procedimiento de desalojo sobre la misma población tuvo lugar. Enfrentamientos violentos entre la comunidad contra efectivos del Esmad sobrevinieron en caos en el territorio.
La Mesa documentó los hechos en este hilo de Twitter:
Algunas figuras de la política nacional ya se han pronunciado sobre esta situación.
Así lo hizo uno de los representantes electos por las 16 Curules de Paz, perteneciente a la llamada bancada de la paz. John Jairo Gonzáles Agudelo lo manifestó así en un comunicado reciente reciente:
También se pronunció un diputado liberal, miembro de la Asamblea Departamental de Antioquia. Andrés Fernando Mesa Valencia publicó en horas recientes el siguiente comunicado, llamando a proteger los derechos de las familias habitantes:
Expectantes a que, con el tiempo corriendo, y el desalojo programado por parte de jueces de Restitución de Tierras siga en pie, la Mesa Nacional de Víctimas ha insistido en que se persiga la búsqueda de la paz territorial, y la no revictimización, haciendo eco del proyecto de ‘paz total’ del gobierno Petro.