En la tarde de este viernes se conoció que fueron judicializadas cinco personas que harían parte de una red delincuencial que, entre 2018 y 2022, habría ingresado millonarios cargamentos de cigarrillos de contrabando al territorio nacional. Entre los capturados está un teniente y dos ex integrantes de la Policía de Tránsito y Transporte.
La organización, al parecer, recibía en el Golfo de Urabá y otras zonas costeras del Caribe las cajetillas de cigarrillos provenientes de China, Corea, India, Estados Unidos y Paraguay.
Según las investigaciones, por medio de las personas capturadas, transportaban la mercancía por vía terrestre hacia Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y algunas provincias de Ecuador, donde eran comercializadas. Por estos hechos fueron presentados ante un juez de control de garantías los señalados cabecillas de la estructura ilegal; al igual que un teniente y dos ex integrantes de la Policía de Tránsito y Transporte que, mientras estuvieron activos, habrían facilitado el actuar criminal de la red ilegal.
La Fiscalía imputó a estas personas el delito de concierto para delinquir agravado. Sin embargo, los procesados seguirán vinculados a la investigación. En otras actividades, contra esta estructura delictiva fue incautada mercancía de contrabando avaluada en más de 10.000 millones de pesos. Estos procedimientos se realizaron en Colombia y Panamá.
El pasado 18 de octubre, capturaron en Medellín a dos uniformados de la Policía, señalados de participar en un supuesto robo en la capital de Antioquia. Los uniformados tendrían varios estudios abiertos por supuestas irregularidades cometidas en medio de sus funciones. La institución lanzó duró ultimátum.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y las unidades judiciales de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de detención en Medellín, que estuvo justificada en los delitos de hurto calificado y cohecho propio. Las situaciones relacionadas habrían ocurrido en las calles del centro de la ciudad.
Las personas que habrían sido víctimas de los dos funcionarios fueron las encargadas de avisarles a las autoridades sobre las faltas que estarían protagonizando. En ese momento arrancó un proceso riguroso donde se recopiló el material probatorio que daría cuenta de los hurtos cometidos en las últimas semanas en la comuna de La Candelaria.
“Se logra la captura gracias a las denuncias presentadas por la comunidad y a un trabajo articulado con las instituciones. Somos implacables en la aplicación de la transparencia institucional”, comentó el comandante de la Policía Nacional en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Carlos Humberto Rojas Pabón.
En la misma comunicación advirtió que todo miembro de la Fuerza Pública que se aparte de la reglamentación que rige a la institución, no tiene argumentos para pertenecer a ella. En ese sentido, advirtió sobre una extrema rigurosidad ante los casos que pongan en tela de juicio las operaciones de los uniformados en esta subregión del país.