La semana pasada, la euforia por la visita del papa Francisco a Colombia opacó, con razón, un anuncio de gran trascendencia: el anuncio de la banda criminal conocida como Clan del Golfo de su intención de someterse a la justicia. El lunes el presidente Juan Manuel Santos confirmó que el día anterior el gobierno había recibido una carta del jefe de esa banda criminal, Dairo Úsuga, alias Otoniel, en la que ratificaba su disposición de entregarse junto a sus hombres.
“Se trataría de un sometimiento, no de una negociación política, que también habían buscado, aunque saben que ahí no hay posibilidad, pues ellos no son actores políticos, son unos delincuentes, narcotraficantes, y si se someten a la justicia, la ley prevé que pueden tener algunos beneficios”, afirmó el mandatario.
Un día más tarde, el país conoció un video en el que por primera vez aparecía la imagen y la voz de Otoniel, considerado el hombre más buscado y peligroso de Colombia. “Hemos expresado la intención de alcanzar una salida digna y voluntaria para todos nuestros combatientes, acogiéndonos a la justicia con garantías que direccionen a la reconciliación nacional. Una vez estén dadas las condiciones, estamos dispuestos a suspender todas las actividades ilegales de la organización”, afirmó. Ese mensaje se conoció tan solo cuatro días después de la muerte, en una operación de la Policía y las Fuerzas Militares, de Roberto Vargas, alias Gavilán, jefe militar y segundo al mando de esa organización.
Este anuncio de sometimiento resultó de un proceso comenzado hace más de dos años. Esa banda criminal hizo sus primeros contactos en febrero de 2015. Un mes antes el gobierno había lanzado la Operación Agamenón, una ofensiva policiva para capturar a Otoniel y desarticular su organización. Se trataba del movimiento de uniformados y recursos más grande contra un grupo delincuencial, muy superior incluso a los esfuerzos que el Estado desplegó hace dos décadas para acabar con Pablo Escobar y el cartel de Medellín.
El 31 de diciembre de 2016 había muerto el jefe del grupo, Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, razón por la cual su hermano Otoniel quedó de líder. A final de febrero las autoridades arrestaron a Blanca Madrid, la esposa de este último. Por esos días los enviados del clan contactaron a Piedad Córdoba para enviar con ella una carta al gobierno con la intención de plantear un sometimiento. Ese intento no prosperó.
En marzo de ese año contactaron al senador Iván Cépeda, quien tras informar al gobierno recibió autorización para comenzar los acercamientos y, junto con la Fiscalía, empezar a ver las opciones. Durante gran parte de 2015 las comunicaciones se dilataron debido en parte a la ofensiva. Ese año las autoridades capturaron a cerca de 800 integrantes de la banda y dieron de baja en varias operaciones a más de 30, entre ellos varios comandantes.
En mayo de 2016, los contactos entre los enviados del clan y los enlaces del gobierno se reactivaron nuevamente y el proceso de diálogo tuvo una nueva dinámica. Tanto es así que para agosto de ese año, autorizados por el gobierno, los representantes de Otoniel viajaron a La Habana, Cuba, y se reunieron con los negociadores de las Farc. El objetivo de esa cita era contar con el apoyo de esa guerrilla ante un eventual sometimiento.
Para septiembre del año pasado, los voceros del Golfo y los enlaces del gobierno se reunieron con el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para empezar a trabajar en la propuesta de sometimiento. Un mes más tarde, cuando ganó el No en el plebiscito, todo quedó congelado, ya que no era claro qué podía pasar con el futuro de las Farc y, en consecuencia, con los acercamientos del clan. Sin embargo, mientras los acercamientos estaban empantanados, la ofensiva contra el grupo crecía.
Para finales del año pasado, los uniformados ya habían capturado a 1.300 miembros del clan, entre ellos 20 familiares de Otoniel, entre cuñadas, primos y sobrinos. Les decomisaron 80 toneladas de droga y les quitaron bienes y caletas con dinero que sumaban más de 300 millones de dólares, en un duro golpe a las finanzas de la banda.
En mayo de 2017, Santos nombró vicepresidente al general Óscar Naranjo y le encomendó la misión de encargarse personalmente de los diálogos con el clan, apoyado por Cepeda y José Noé Ríos. Simultáneamente para ese momento, el gobierno lanzó la segunda fase de la Operación Agamenón, comandada por el director de la Dijín, general Jorge Vargas. “Se trata de una sinergia con las Fuerzas Militares, en la que la alianza con el Ejército ha sido la clave del éxito”, afirmó el oficial. Esta nueva etapa implicó una ofensiva aún más agresiva contra esa bacrim.
“La planificación de la campaña militar y policial Agamenón 2, se constituye en el elemento fundamental que permite fusionar las capacidades de inteligencia y las operaciones de las Fuerzas Armadas”, dijo a SEMANA el general Alberto Mejía, comandante del Ejército.
El tema avanzó con Naranjo. Entre mayo y finales de agosto se realizaron más de 20 reuniones en la Vicepresidencia con los voceros. Todas fueron grabadas y se realizaron actas que a su vez eran enviadas al fiscal general. El vicepresidente les exigió a los representantes del Golfo suspender su macabro plan pistola para asesinar policías. También entregar pruebas que demostraran la unidad de los comandantes, con el fin de evitar ruedas sueltas. La banda de Otoniel aceptó y cumplió, entre otras, esas condiciones. Naranjo también les dejó en claro que las conversaciones no implicaban en ningún momento el cese de la ofensiva policial-militar.
De hecho, mientras tenían lugar los diálogos, esa bacrim perdió tan solo en los últimos tres meses a cinco de sus principales jefes, muertos en operaciones de Agamenón 2, el último de ellos Gavilán. Los arrestos, decomisos de droga y bienes también se dispararon (ver recuadro).
Esa especie de política de zanahoria y garrote, diálogo por un lado y operaciones por el otro, acorraló a Otoniel y sus hombres. Ya con las Farc desmovilizadas y en pleno proceso de paz, no tardaron en darse cuenta de que todo el poderío militar para combatir a esa guerrilla ahora estaba enfocado en ellos. Esa presión agobiante los condujo a anunciar el sometimiento de un grupo que tiene cerca de 3.000 hombres, presencia en 19 departamentos y que controla todas las rutas del narcotráfico. Un éxito nada despreciable para el Estado colombiano.
Vía Semana