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Grupos ilegales y fuerzas políticas buscan quedarse con el poder en Urabá

Aunque en las últimas décadas los votantes de Antioquia no han privilegiado las aspiraciones de los partidos de izquierda, Urabá jugará un papel clave en las intenciones del movimiento Colombia Humana, que lidera el senador Gustavo Petro Urrego.

En los pasados sufragios para elegir Presidente, el candidato Petro solo ganó en cinco municipios antioqueños en la segunda vuelta (junio 17 de 2018), mientras que su contendor Iván Duque arrasó en las otras 120 localidades; sin embargo, lo que llamó la atención es que de esos cinco poblados, cuatro pertenecen a Urabá: Apartadó, Chigorodó, Murindó y Vigía del Fuerte (el otro en el que ganó fue Segovia, en el Nordeste).

Según los datos de la Registraduría, el líder de la Colombia Humana obtuvo en Apartadó 21.472 votos, 9.220 en Chigorodó, 1.266 en Vigía del Fuerte y 1.126 en Murindó, para un total de 33.084.

A esto podría sumarse el caudal electoral de Turbo, donde perdió por un escaso margen: 17.182 sufragios contra 17.844 de Duque (662 más).

“Se está reforzando la presencia de nuestros líderes locales y reafirmando los compromisos de la dirigencia nacional en cabeza del senador Petro, con una visita en los próximos días a Apartadó para apoyar las listas de la Colombia Humana y dar un espaldarazo a nuestros candidatos a las alcaldías en la subregión”, dijo Luis Eduardo Llinás, dirigente departamental de Colombia Humana y candidato a la Asamblea por esa colectividad.

Para las elecciones regionales de octubre, el movimiento conformó una coalición con la Unión Patriótica, con candidatos propios a las alcaldías de cuatro de los 11 municipios de la región: San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Al mismo tiempo, los aliados cuentan con 41 aspirantes a Concejo en Chigorodó (3), Arboletes (6), Carepa (8), Turbo (12) y Apartadó (12).

Llinás añadió que “otras fuerzas políticas, como sindicatos de trabajadores, víctimas del conflicto, campesinos, comunidades afro e indígenas vienen acompañando a nuestros candidatos”.

¿Serán suficientes estas aspiraciones para convertir a Urabá en el bastión político del petrismo?

Las mayorías

El panorama no está fácil. El Centro Democrático (CD), bajo la batuta de su jefe, el expresidente y senador Álvaro Uribe, y con el plus de haber ganado la Presidencia con Iván Duque, cuenta con candidatos propios para las alcaldías de siete municipios: San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Murindó.

El uribismo tiene alianzas con el partido Mira para el Concejo, contando así con 128 aspirantes en todas las localidades de la región: Turbo (17), Apartadó (17), Carepa (13), San Juan de Urabá (13), Necoclí (13), Chigorodó (12), San Pedro de Urabá (11), Mutatá (11), Arboletes (10), Vigía del Fuerte (6) y Murindó (5).

Frente al crecimiento del petrismo, Horacio Arroyave Soto, director del CD en Antioquia, explicó: “En Urabá hay mucho uribismo, pero hasta ahora no hemos podido consolidar ciertas fuerzas para Congreso y alcaldías. Creemos que ahora sí lo podremos hacer gracias al trabajo de nuestro candidato a la Gobernación, Andrés Guerra, y la selección de unos excelentes candidatos a las alcaldías”.

Otra fuerza importante es el Partido Liberal, que tradicionalmente ha tenido mucho peso en los sufragios regionales. Para las alcaldías tiene alfiles propios en Necoclí, Turbo, Carepa y Murindó; y para concejos, 137 en Turbo (17), Apartadó (17), Chigorodó (15), San Pedro de Urabá (13), Arboletes (13), Necoclí (13), San Juan de Urabá (12), Carepa (12), Mutatá (11), Vigía (8) y Murindó (6).

Ellos cuentan con la bendición del senador liberal Julián Bedoya, el barón electoral de Urabá, quien en las pasadas elecciones al Congreso (2018) obtuvo 10.087 votos en la región; le siguieron Juan Felipe Lemos, del partido de la U. (7.546), y Álvaro Uribe, del CD (5.482)

PARENTESIS

Lo que está en juego en urabá

UNAS ELECCIONES BAJO LA SOMBRA INTIMIDANTE DEL CLAN DEL GOLFO

Urabá es una tierra de biodiversidad, turismo, multiculturalidad y futuro polo de desarrollo para Antioquia y el país, pero también es el epicentro de actividades de la organización criminal Clan del Golfo, cuyos tentáculos amenazan con infiltrarse en los próximos comicios regionales.

Desde la región proyecta actividades de narcotráfico, lavado de activos, sicariato, extorsiones, minería ilegal, contrabando y tráfico de migrantes con alcance nacional e internacional. Y ejerce control social en sus territorios, entrometiéndose de igual manera en las campañas políticas.

El hoy extraditado Daniel Rendón Herrera (“don Mario”), cofundador de la banda, le confesó en una entrevista a EL COLOMBIANO (2015) que es una práctica común que los candidatos les pidan un “aval” a estos delincuentes para poder desarrollar su campaña, “porque no van a correr los riesgos de hacer política donde hay control de una fuerza y no pedirle el aval”.

–“Si la base de ustedes es la subregión de Urabá, ¿está diciendo que todos los funcionarios de elección popular de allá han tenido que pedir el apoyo de ustedes en las candidaturas?”, le preguntamos.

–“Una cosa es el apoyo, otra cosa es el aval para salir a hacer política. Yo siendo político no me metería a una región a hacer política si no tuviera el aval de la organización alzada en armas que ejerza control”, comentó en ese entonces.

Investigadores que participan en la Operación Agamenón contra el Clan del Golfo, quienes solicitaron la reserva de su identidad, señalaron que la situación no ha cambiado, en el sentido de que esa organización continúa interviniendo en las actividades proselitistas.

“Hay coacción para la asistencia a reuniones de candidatos con miembros de este grupo armado, las cuales tendrían como propósito establecer directrices en contra de las políticas de restitución de tierras y erradicación de cultivos ilícitos”, señalaron las fuentes.

En la región, la estructura tiene desplegado el bloque Central Urabá, con seis frentes y 1.100 integrantes a órdenes del narcotraficante más buscado de Colombia: Dairo Úsuga David (“Otoniel”), oriundo de Turbo.

Amenazas

Las reuniones obligadas con el Clan del Golfo son un rumor que circula por esquinas y veredas, pero ningún aspirante se atreve a hablar públicamente del asunto.

El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Región 6° de Policía, con jurisdicción en Antioquia, Chocó y Córdoba, comentó que “no hemos recibido denuncias formales sobre ese tema”.

Añadió que tampoco se ha comprobado que la agrupación delictiva haya intimidado de forma directa a algún aspirante, aunque eso no quiere decir que no haya amenazas.

Hasta ahora se conocen tres casos, y podrían ser más. Wilfredo Machado, candidato a la Alcaldía por el movimiento “Turbo 2020 depende ti…!”, recibió en abril un panfleto para que se quitara “inmediatamente del camino” y renunciara a “su falsa aspiración”, firmado, supuestamente, por los “Indignados por politiqueros que quieren desestabilizar nuestra tierra turbeña”.

A Rosalio Arroyo, aspirante al Concejo de Carepa por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), en julio le llegó un mensaje de texto en el que lo amenazaban a él y a su familia y le decían “deje de meterse en los procesos”.

Un hecho grave fue el del exconcejal Euliser Ramos, quien tuvo que renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Mutatá por la Unión Patriótica, debido a las amenazas recibidas desde febrero.

Según él, “venía denunciando irregularidades y la trashumancia con 1.500 cédulas; pedí protección a la UNP, pero no me la dieron”.

La hipótesis inicial es que estos casos se deben a una campaña sucia entre candidatos, pero en la tierra en la que impera el Clan del Golfo pocos se atreven a averiguar más.

ASÍ ESTÁ EL PANORAMA DE LAS MINORÍAS

SEIS MIL VOTOS EMBOLATADOS POR DIFERENDO LIMÍTROFE

Los habitantes de los corregimientos Belén de Bajirá, Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente, en la frontera de Antioquia y Chocó, siguen sin saber por cuáles candidatos votar por causa de las contradictorias decisiones de las instituciones del Estado.

El diferendo limítrofe entre ambos departamentos inició en el 2000 y los ciudadanos de esos territorios votaron por los aspirantes antioqueños hasta 2018, cuando un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Registraduría trasladar las mesas de votación a la jurisdicción chocoana.

En consecuencia, los sufragios de Belén de Bajirá, que antes se sumaban en Mutatá, pasaron a Riosucio (Chocó). El mismo destino tuvieron los votos de Macondo, Nuevo Oriente y Blanquicet, que antes contaban para Turbo.

Los ciudadanos votaron bajo esas circunstancias para las pasadas elecciones al Congreso (marzo) y las dos rondas presidenciales (mayo y junio).

El panorama volvió a cambiar el 27 de agosto de 2019, cuando el registrador Juan Carlos Galindo ordenó incluir el censo electoral de esas poblaciones en Antioquia, indicando que el mapa publicado por el Instituto Agustín Codazzi en 2017 (que los anexó a Chocó) era inconstitucional.

Esa decisión quedó en vilo porque el 18 de septiembre la Procuraduría le pidió al registrador Galindo que la revocara, pues “desborda el ordenamiento jurídico y desatiende lo dispuesto por la autoridad judicial (el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

Mientras esa disputa entre entidades públicas se define, la comunidad espera el pronunciamiento de fondo del Consejo de Estado. Lo que está en juego en materia electoral son 6.000 votos y por el momento nadie sabe si van a favorecer a los candidatos a alcaldías, concejos y asambleas de Chocó o de Antioquia.

ELCOLOMBIANO

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