Después de más de dos años de investigación, el ente investigador concluyó que, por ahora, no hay ningún hecho para involucrar a Martha Ligia Patrón con un supuesto despojo de tierras en Urabá.
A través de su cuenta de Twitter, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, anunció que la Fiscalía archivó una investigación en contra de su esposa, Martha Ligia Patrón, por un supuesto caso de despojo de tierras en los predios La Corona y Alto Bonito, ubicados en los municipios antioqueños de Arboletes, Turbo y San Pedro de Urabá.
De acuerdo con el oficio «las diligencias que se adelantaban en contra de la señora Martha Ligia Patrón fueron archivadas”. La decisión fue celebrada por el exmagistrado que hoy es investigado por la Corte Suprema de Justicia por supuestamente haber recibido sobornos para intervenir en un fallo de tutela a favor de la empresa Fidupetrol, mientras fue magistrado.
Según la investigación que adelantaba la Fiscalía, por esos dos predios, propiedad de Pretelt, pasó la arremetida paramilitar más fuerte en el Urabá antioqueño. Según lo que ha podido investigar la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (Uaegrtd), esos terrenos fueron el fortín militar en donde los hermanos Castaño Gil instalaron su centro militar y de operaciones.
Desde noviembre de 2015, al Juez de Restitución de Tierras de Apartadó le comenzaron a llegar demandas de pobladores de la región para poder volver a sus terrenos. En total, el magistrado recibió 450 solicitudes para restituir 5.000 hectáreas, de las cuales están las dos fincas del magistrado Pretelt.
Precisamente por la adquisición de esos dos predios, uno de 66 hectáreas y el otro de 46 hectáreas, la Fiscalía estaba investigando a Martha Ligia Patrón por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, lavado de activos y destrucción y apropiación de bienes protegidos.
Lo que las autoridades alcanzaron a recopilar del caso fueron varios testimonios de las familias que fueron supuestamente despojadas. Uno de ellos, Reinaldo Villalba, le contó a los investigadores que hasta su tierra “llegó un grupo de seis personas –dos tenían distintivos de las Auc-, me dijeron que el patrón mandaba a decir que le vendiera la finca, que si no aceptaba se la compraban a la viuda”.
Villalba no los escuchó. Pero regresaron días después y le advirtieron que tenían 24 horas para salir. Salieron el 10 de marzo de 1992 hacia Montería en donde siguieron las amenazas. En 1994, Teófilo Hernández y Evelio Díaz lo contactaron para comprarle la finca. Le ofrecieron $200.000 por hectárea, y aunque Villalba pedía $500.000, atemorizado, accedió a la compra. Evelio Díaz, conocido como el Burro, al parecer trabajaba para Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, hombre de confianza de los hermanos Castaño y el mayor despojador de tierras en Urabá.
Sobre el otro predio en cuestión, su reclamante, Manuel Hernández, le contó a la notaría de Montería que vendió su predio por $5 millones, bajo presión, a Martha Ligia Patrón, y ella se lo vendió a Pretelt. Con esta absolución, solo queda el juicio contra el magistrado en la Corte Suprema de Justicia. El inicio está planificado para el próximo octubre.