El pasado 1 de marzo la Fiscalía General de la Nación acusó a Claudia Ángela Argote y a su padre Antonio Argote Bolaños por los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
En la decisión fue acusado Rafael Argote Romero, miembro también de la familia, por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.
La acusación se produce en el marco del proceso 3856 que investiga la alianza entre paramilitares, Fuerzas Militares y empresarios para desplazar, invadir y despojar a las comunidades étnico-territoriales y campesinas de los territorios colectivos de Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita Mancilla y la Larga y Tumaradó entre 1997 y 2005 con el fin de implementar proyectos agroindustriales de aceite de palma y banano y proyectos de ganadería.
En su acusación, la Fiscalía detalla con abundante material probatorio cómo la familia Argote, que desde 1996 venía financiando grupos paramilitares, según testimonio del comandante paramilitar Raúl Hasbún, ingresó a la zona y empezó a presionar a los campesinos para que vendieran sus predios a precios irrisorios. Asimismo, se detalló cómo las personas que intentaron recuperar sus predios fueron amenazadas por los dependientes de la familia.
Durante el proceso, el representante legal del Consejo Comunitario de Curbaradó, hoy integrante de su junta directiva Germán Marmolejo, y el político del Centro Democrático Darío Blandón, defendieron a la familia Argote.
Es de recordar que luego de infructuosos procesos judiciales, en 2017 la empresaria Claudia Ángela Argote devolvió los terrenos despojados a la comunidad de Caracolí, sin embargo, en una clara violación a una sentencia del tribunal administrativo del Chocó de 2009 y a los autos de seguimiento de la Corte Constitucional, el presidente del Consejo Comunitario de Curbaradó, Hebert Rentería, continuó el despojo a la comunidad de Caracolí de los predios restituidos proyectos agroindustriales de plátano y daños ambientales, sin que exista reacción alguna frente a estas actuaciones contra derecho.
Si la decisión es recurrida y confirmada por otro fiscal, se pasará a la fase de juicio que podría terminar con una condena.
El actual Defensor del Pueblo de Urabá, José Augusto Rendón García, ha sido cuestionado por sus actuaciones a favor de los despojadores contra las evidencias fácticas y de derecho.
Fuente: https://www.radiomacondo.fm/noticias-nacionales/uraba-empresarios-acusados-por-desplazar-a-comunidades-negras/