Dos de los mojones -señalizaciones en concreto- que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) instaló en la frontera entre Antioquia y Chocó fueron levantados este martes por orden de la Alcaldía de Turbo. Los hitos estaban instalados sobre la vía Panamericana, en el sector El 40, cercano al corregimiento de Blanquicet.
Alejandro Abuchar, alcalde de Turbo, explicó que el procedimiento tuvo carácter administrativo y fue informado a la Policía. “No nos llegó ninguna notificación oficial sobre la resolución del litigio. Y al amojonar el territorio, nos lo están fraccionando”, dijo.
El mandatario manifestó que seguirá en la diligencia de levantamiento de mojones, tanto en predios públicos como privados, hasta que el Consejo de Estado no resuelva las demandas que Antioquia interpuso contra los mapas publicados por el Igac, en los que Belén de Bajirá y tres corregimientos de Turbo figuran como territorio chocoano.
“Estos corregimientos: Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente, hoy hacen parte de una localidad distrital y no puede ser fraccionado con amojonamientos arbitrarios”; declaró Abuchar.
Juan Carlos Díaz Viera, secretario de Gobierno de Turbo, agregó que “en virtud del código nacional de policía, la la administración distrital procedió al levantamiento de estas estructuras (mojones)” y aclaró que se ampara en la ley 1801 de 2016 para retirar estas “construcciones” que “no estaban autorizadas”.
La Alcaldía de Turbo confirmó que hasta la fecha no ha tenido contacto con el Igac y sus delegados para el amojonamiento, ni con la Gobernación de Antioquia.
La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, aseguró que la ley ampara al alcalde y que el Igac está incumpliendo las normas. “El código de Policía exige que cualquier obra que se realice en propiedad privada o pública debe cumplir requisitos ambientales, de espacio público y planeación y esta obra no los tiene. Ningún funcionario del país está exento de cumplir la norma, ni siquiera el Igac”, declaró.
Ramírez aclaró que, como primera autoridad del municipio puede proceder en el marco de la ley cuando hay perturbación del espacio público.
Entre tanto, funcionarios del Igac le informaron a EL COLOMBIANO que acudirán ante instancias superiores (Fiscalía y Procuraduraduría) para que se investiguen los hechos. La entidad confirmó que seguirá en el cumplimiento de su labor de amojonamiento.