En apenas 34 días, el censo electoral de Belén de Bajirá pasó de estar asignado a Chocó, para mudarse a Antioquia y luego regresar al departamento inicial. Las decisiones de la Registraduría tienen a esta comunidad sometida a un dramático péndulo que, en esta época de elecciones, les ha cortado la cabeza a varios candidatos.
“Mi campaña se muere de esta manera. Con el umbral de mi partido, uno podía asegurar curul con 300 votos y en mis cuentas yo los tenía, pero ahora me queda difícil”, afirma con frustración Luz Dary Duque, aspirante al Concejo de Mutatá por el Centro Democrático.
Es la segunda vez que se lanza para ese cargo y de nuevo la suerte parece darle la espalda a esta mujer, propietaria de un taller de confecciones y residente hace 20 años en el poblado. “He invertido en la campaña un millón y medio de pesos, no he pensado en retirarme, pero ya somos 11 candidatos al Concejo y cuatro a la Alcaldía afectados, que contábamos con los voticos de acá”, dice la dama, sentada en un local junto al afiche de su candidatura. Su rostro de desgano contrasta con la sonrisa que esboza en la foto.
Belén de Bajirá y sus 17.000 habitantes están inmersos en un diferendo limítrofe hace 19 años. Para Chocó, es un corregimiento de Riosucio con miras a convertirse en municipio; para Antioquia, es un corregimiento de Mutatá.
En la disputa están incluidos los corregimientos Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente. Unos aseveran que pertenecen a Riosucio y los otros que son de Turbo. Los cuatro territorios en cuestión tienen un potencial de 6.600 sufragios, algo nada despreciable en una región en la que hasta con 200 votos un concejal puede conquistar el escaño.
Resolver el conflicto está en manos de instituciones estatales radicadas en Bogotá, a 700 kilómetros de distancia. Sus últimas decisiones –no se sabe si es por casualidad– han coincidido con el calendario electoral, sumándole una controversia por votos a una disputa de tierras.
Las más recientes oscilaciones del péndulo comenzaron el 20 de febrero de 2018, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolviendo una tutela de Chocó, ordenó pasar las mesas de la jurisdicción paisa a la chocoana. Bajo esta determinación los bajirenses votaron el año pasado en los sufragios legislativos, la consulta anticorrupción y las dos vueltas presidenciales.
Yanet Córdoba, una de las lideresas de la comunidad antioqueña, cuenta que, en un acto de rebeldía, 3.200 ciudadanos fueron a inscribir sus cédulas en el casco urbano de Mutatá y la vereda Caucheras, para que sus votos no contaran en los registros de Chocó. El hecho generó quejas por el delito de trashumancia.
El pasado 27 de agosto la Registraduría emitió un oficio, en respuesta a una solicitud de Antioquia, ordenando que los puestos de votación de los cuatro corregimientos debían regresar a Turbo y Mutatá. Hubo alegría para unos y tristeza para otros, mas esos estados de ánimo se invertirían en un breve lapso, como en un entremés de teatro, en el que la comedia y la tragedia son dos máscaras entrelazadas.
A los 22 días se pronunció la Procuraduría, exigiendo al registrador Nacional, Carlos Galindo, que se retractara. “Las decisiones asumidas por la Registraduría pueden desbordar el ámbito de su competencia, al dejar de lado el fallo de la tutela en mención (del Tribunal Administrativo de Cundinamarca)”, argumentó el Ministerio Público.
Galindo acató y el 30 de septiembre resolvió que el censo electoral de esos lugares tenía que volver a Chocó (resolución N°12469 de 2019).
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, dijo que esa entidad cometió “un error gravísimo que debilita a las instituciones en el país” y calificó el episodio como “inexplicable y oscuro”. Anunció que interpondrá una tutela.
Wilner Pérez, candidato al Concejo de Riosucio por el partido Colombia Renaciente, también se siente perjudicado por tantos cambios. “Esto nos ha impactado de manera negativa, la gente está confundida y nos toca hacer doble trabajo explicándoles la situación. Necesito mínimo 200 votos, pero trabajo para tener 350, y hasta ahora no sabía si podía contra con los de Bajirá”. Y añade: “Le hago un llamado al Gobierno Nacional para que clarifique la situación. Como colombianos, merecemos respeto”.
Es tal la incertidumbre entre los postulados, que a diferencia de otros pueblos enos que no hay fachada ni calle sin su respectiva pancarta o valla política, en Bajirá la publicidad visual es mínima.
El anterior 1 de octubre, la Registraduría impugnó 1.600 de las cédulas que los bajirenses habían inscrito en Mutatá y Caucheras, por lo que esos pobladores tendrán que votar en el último lugar en que lo hicieron antes del cambio de mesas. “Ahora sí estamos en el limbo. Yo no conozco políticos de Chocó, ¿ante quién nos vamos a quejar allá? ¿A quién le vamos a reclamar un alcantarillado?”, se lamentó Yanet.
Una olla a presión
Para conversar con alguien en las calles de Bajirá, hay que entrecerrar los ojos debido a las nubes de polvo que a cada rato se levantan. El lugar apenas tiene tres cuadras pavimentadas, alrededor del parque, las demás vías son un terraplén con charcos y lodo.
Los lugareños atribuyen este abandono a la duplicidad administrativa, es decir, a la presencia de dos gobiernos, ambos con las manos atadas por el diferendo.
“En Bajirá hay dos inspecciones de Policía, una de Antioquia y otra de Chocó; hay dos colegios, dos puestos de salud, dos casas de beneficencia…”, enumera Amaury Arteaga, miembro del comité chocoano Pro Defensa de Bajirá.
Mientras no se resuelva quién gobierna el pueblo, las inversiones sociales y en infraestructura están congeladas. Si bien Bajirá tiene energía eléctrica las 24 horas y una movida actividad comercial y ganadera, su gente se queja por la falta de redes de acueducto, alcantarillado, acceso a servicios de salud y educación de alta calidad.
“Los jóvenes están en riesgo, veo muchos problemas de drogadicción y prostitución”, manifiesta Carlos Urrea, presidente de la JAC de Bajirá y candidato al Concejo de Mutatá por el partido de la U.
Tanto él como Amaury, y otros líderes de las colonias chocoanas y paisas, cuentan con medidas de protección por las amenazas que comenzaron a circular en los últimos años, a la par de la disputa limítrofe.
La tranquilidad con la que vivían los bajirenses se ha visto perturbada por un creciente nivel de intolerancia. “Al pueblo han llegado personas externas que no conocen nuestra historia, y esos son los que más insultan. Hay maltrato verbal de lado y lado”, cuenta el comerciante Mélido Martínez, uno de los fundadores de Bajirá.
Aunque la problemática no ha escalado a hechos de violencia, el pasado 5 de septiembre prendieron con gasolina la puerta de la inspección policial de Antioquia y son cada vez más frecuentes los murmullos callejeros y chats de celular con mensajes racistas contra “negros”, “paisas” y “chilapos” (mestizos).
“Hay personas que por medio de la política generan enemistad”, dice Andrés Ramírez, empleado de una tienda, coincidiendo con otros lugareños entrevistados que perciben que Bajirá está pitando como una olla a presión.
Entre más se tarden las autoridades en definir el rumbo jurídico de la población, más afectaciones sufrirá su tejido social. Por el momento, todos esperan un pronunciamiento del Consejo de Estado, que especifique en manos de qué instituciones estará la responsabilidad de dirimir el lío.
Algunos líderes de Antioquia indicaron que, ante la imposibilidad de elegir a sus candidatos, la opción que les queda es el voto en blanco o la abstención.
Yanet afirma sentirse afectada a nivel sicológico por los cambios de postura del Estado y expresa con consternación: “¿Cómo nos vamos a sentir? Como un yo-yo, este es el pueblo del yo-yo”.