El aumento de 10,07% del salario mínimo, definido para este 2022 por el anterior gobierno de Iván Duque, ha sido el más alto que ha tenido Colombia en 40 años. Sin embargo, solo nueve meses después de este hito, la inflación lo absorbió, afectando fuertemente el poder adquisitivo de los colombianos.
Ahora, definir el salario para 2023 no será una tarea fácil, pues el acelerado encarecimiento del costo de vida se convirtió en una de las principales preocupaciones de la economía colombiana, por lo que se necesitaría, además, tomar una serie de medidas que ayuden a contener la inflación —que a octubre ya se situaba en 12,2% y cuyo dato a noviembre se conocerá este lunes—.
Así, el Ministerio de Trabajo, en cabeza de la ministra Gloria Inés Ramírez, los gremios empresariales y las centrales obreras iniciaron conversaciones el pasado 30 de noviembre, donde ya definieron que el índice de productividad para la negociación del mínimo será de 1,24%.
“Después de unas reflexiones, quiero decir que de manera unificada se ha acordado asumir como metodología La Klems, que nos da los parámetros para trabajar la Productividad Total de los Factores (PTF), como un elemento esencial para la conformación e integración del salario mínimo”, señaló la ministra Ramírez.
Cabe anotar que este dato es superior al registrado el año pasado, cuando el mínimo se concertó con un PTF de 1,19%.
¿Qué se tendrá en cuenta?
Por Ley, los factores que se analizan para la negociación del salario mínimo son el índice de inflación, la PTF, el Producto Interno Bruto (PIB) y la contribución de los salarios al crecimiento de la economía del país.
Pero este año, dada la compleja situación por la que atraviesa la economía colombiana, desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombianos (CUT) piden que se tengan en cuenta otros parámetros; tal como sucedió el año pasado cuando se incluyeron factores como la informalidad laboral, la incidencia de la pobreza, la sostenibilidad fiscal de la Nación, los efectos en el sistema de pensiones, el desempleo juvenil y la capacidad adquisitiva.
Para Francisco Maltés, presidente de la CUT, la definición del porcentaje de incremento del salario para el próximo año debe considerar la inflación pero de los sectores más bajos.
“La inflación de esos sectores, que son los que ganan el mínimo, está en un 14%, mientras que la inflación promedio está en 12,22%. También creemos que hay que tener en cuenta la productividad del trabajo y no de todos los factores, porque estamos hablando del salario. Por ejemplo, el crecimiento del PIB lo da la fuerza de trabajo y el capital; de esos factores, para nosotros habría que considerar solo el primero”, explicó Maltés a este diario.
No obstante, desde el MinTrabajo afirman que se mantendrán solo los parámetros estrictamente establecidos por la Ley.
Se destapan algunas cartas
La semana pasada el viceministro técnico de Hacienda, Diego Guevara, afirmó que había ya un consenso entre diversos actores en que el salario mínimo podría aumentar cerca del 15%, es decir, quedaría en $1.150.000 sin contar auxilio de transporte; sin embargo, aclaró que esto aún está en estudios.
Por su parte, desde la CUT están planteando ante el gobierno y los empresarios cuatro medidas “de carácter político”, con el fin de que los colombianos no pierdan más su poder adquisitivo.
La primera de ellas es el control de los precios de la energía eléctrica, a partir de la revisión de la fórmula que define el precio del kilovatio de energía.
“Para esta medida planteamos dos cosas: por una parte, no podemos seguir pagando las pérdidas que tienen las generadoras, que son cerca del 41%; y por otra, los costos se deben calcular con el precio más bajo de producción de kilovatio y no con el más alto. Y en eso, creo que coincidimos con los empresarios”, apuntó Maltés.
La segunda medida es ejercer un control sobre el precio de los medicamentos. La tercera es poner freno a la tasa de usura, que actualmente está en 38,67%, la cual es el máximo interés remuneratorio o moratorio que puede cobrar un banco. Y, por último, la central obrera propone que el Gobierno haga una intervención en la devaluación del peso frente al dólar, tal como se hizo en los años 80.
Como ñapa, desde la CUT piden que se reactive Ferticol, una empresa colombiana, ubicada en Barrancabermeja, que produce abonos para el agro y que se encuentra en liquidación desde 2009.
“Si eso se logra, es probable que los precios de los alimentos bajen porque los fertilizantes saldrían más baratos”, sostuvo el líder sindical.
Desde del lado del empresariado, gremios como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), han advertido que el empleo se afectaría con un aumento desmedido del salario mínimo; pero tanto Fenalco como la Asociación Nacional de Industriales (Andi) aún no se pronuncian sobre propuestas concretas de incremento.
¿Impactos en el empleo?
Reconocidos centros de pensamiento del país han lanzado alertas y recomendaciones sobre lo que debería ser el porcentaje de aumento del salario mínimo y los impactos que esto podría traer, como la informalidad laboral y desempleo.
Por ejemplo, durante la apertura de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Miguel Largacha, en su papel de miembro del Consejo Directivo, hizo un llamado para que esta alza siga solo la regla de la inflación observada más la productividad laboral.
“El próximo año trae grandes retos que definirán nuestro futuro. Colombia ha recorrido un importante camino de gestión macroeconómica y fiscal prudente y responsable. Lo anterior, anclado en un régimen de inflación objetivo, un tipo de cambio flexible, un marco fiscal basado en criterios objetivos y un Banco Central autónomo e independiente. Esa confianza que nos ganamos ante los mercados, a fuerza de establecer unas reglas de juego claras, debe ratificarse”, indicó Largacha.
En este sentido, desde Aliadas, alianza de 39 gremios y asociaciones empresariales, que agrupa a 7.000 empresas del país, solicitaron a la mesa de negociación una concertación que tenga en cuenta los elementos que pueden afectar la estructura de costos para la generación de empleo.
“La determinación del salario mínimo para el próximo año debe tener en cuenta factores como un contexto macroeconómico complicado, con inflación alta, tasas de interés en aumento y temores de una recesión mundial; y la afectación en aquellos en que la participación de la mano de obra en sus actividades es relevante en sus costos operativos”, sostuvo Aliadas.
Y consideró que un incremento del salario mínimo superior a la inflación generaría brechas entre el mercado formal e informal de trabajo porque se volvería más costoso contratar mano de obra.
¿Qué opinan los expertos?
El centro de pensamiento Fedesarrollo puso sobre la mesa su propuesta de aumento. De acuerdo con su director, Luis Fernando Mejía, “la suma de una inflación esperada para 2022 de 12,3% y un estimativo de crecimiento de la productividad total de los factores de 1,2% indican que técnicamente el salario mínimo debería aumentar un 13,5% en 2023”.
Asimismo, Mejía consideró que hay otros elementos que se deben tener en cuenta como la desaceleración del crecimiento económico para el próximo año, que pasará de crecer 7,7% en 2022 a 1,5% en 2023; la alta incidencia de la informalidad laboral en el país, que continúa siendo cerca del 60% de la población ocupada; y que cerca de la mitad de los ocupados en Colombia tienen ingresos inferiores a un salario mínimo.
“Se debe propender por alcanzar un acuerdo de un aumento del salario mínimo de tal forma que se pueda retribuir el esfuerzo de los trabajadores en el crecimiento de la producción, sin empeorar aún más las limitadas oportunidades de empleo formal”, indicó Mejía.
De igual manera, desde Anif se sugirió un incremento del salario de 13,9%, teniendo en cuenta una inflación proyectada a noviembre de 12,5%.
“En los últimos años, el incremento del mínimo ha sido superior a la fórmula de inflación más el aumento de productividad, lo que implica un crecimiento real en el valor de este. Aunque la mejora del poder adquisitivo de quienes ganan un mínimo persigue un objetivo loable, como lograr un mejor nivel de vida para los trabajadores, este puede llevar a efectos indeseables como aumentos en los niveles de informalidad, que resultan en un mayor número de personas con ingresos por debajo del salario mínimo o, incluso, tener repercusiones negativas para el desempleo”, argumentaron desde Anif.
Por su lado, desde Corficolombiana la recomendación ha sido que haya un incremento salarial de entre 13% y 15%, partiendo de que la inflación a noviembre sea de un 12%.
Desindexar algunos precios
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hace unos días hizo unas declaraciones frente al plan que tiene el Gobierno de desindexar algunos productos y servicios del salario mínimo —para lo que están tramitando una serie de decretos—, los cuales quedarían atados a la inflación básica.
Por ahora, según el MinHacienda, se han identificado 204 actividades y servicios que están indexadas al mínimo, es decir, que aumentan sus precios de acuerdo al porcentaje que suba el salario. Por ejemplo, algunas de las tarifas que están indexadas actualmente son las de Viviendas de Interés Social (VIS) y prioritario, el copago o la cuota moderadora de las EPS, los aportes a pensión de quienes devengan un mínimo, las fotomultas y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat).
Cabe destacar que en el gobierno anterior se desindexaron 66 productos.
Así está el cronograma
Mañana 5 de diciembre en la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se presentarán informes de mercado laboral, productividad y contexto macroeconómico.
Posteriormente, el viernes 9 de diciembre es la fecha límite para que los empresarios, sindicatos y Gobierno presenten sus ofertas oficiales.
Finalmente, hasta el jueves 15 de diciembre hay plazo para tomar una decisión final sobre el incremento. Sin embargo, en caso de presentarse salvedades, estas se podrán discutir en la semana del 19 de diciembre, teniendo en cuenta que, por Ley, el último plazo para expedir por decreto el aumento salarial es el 30 de diciembre.
Cabe anotar que, de no concertarse este aumento en las fechas estipuladas, el presidente Gustavo Petro, será quien determine el aumento por medio de un decreto.