El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, deberá pagar una pena de 10 días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $4.140.580, por desacatar una tutela. La medida, además, ordena que deben ser arrestadas directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), 16 alcaldes del departamento y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec).
Sobre la decisión, la Veeduría Nacional de Transparencia y Anticorrupción, explicó que son interesantes las propuestas desde la Gobernación en materia carcelaria, pero en su mayoría evidencia desacierto, desconocimiento, respecto a sus obligaciones legales, y posible desinterés por el tema.
“Muestra de ello es el fallido convenio marco con el proyecto CAMIS de Yarumal, pese a que previamente se tenía intención de donación de un inmueble por parte de un municipio del occidente antioqueño, “idea” de descongestión con trabajo social de PPL a través de aplicación de Justicia Restaurativa”, señala la Veeduría.
No obstante, la veeduría aseguró que “es necesario recordar que la orden estaba antes que entrara el actual gobernador, ya que en su posesión posterior a la misma, debió surtir acciones encaminadas desde su Secretaría de Gobierno y demás entidades, como la dirección de derecho humanos, a dar solución, pero por lo visto, hasta el fallo judicial no les inmutó, teniendo por ende como consecuencia judicial una sanción”, como la que se conoció este viernes, 27 de septiembre.