Bogotá, 21 jul (EFE).- El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, ofreció este jueves al presidente electo del país, Gustavo Petro, un alto al fuego condicionado a que sus miembros no vayan a la cárcel, y que incluya a los presos en el exterior que «tengan el compromiso honesto» de «esclarecer la verdad».
En una comunicación difundida por el grupo, y firmada por más de 30 organizaciones criminales, entre ellas Los Rastrojos, Los Caparros o Los mexicanos de Quibdó, el Clan del Golfo hace referencia al «momento histórico» que vive Colombia «en el que por primera vez llega a la dirección del país un presidente de izquierdas».
«No podemos ser indiferentes al clamor del pueblo colombiano y al pensamiento de su presidente electo democráticamente, para entre muchas cosas lograr la tan anhelada ‘paz con justicia social’», reza el escrito, en el que proponen «ser parte activa de este proyecto», sin mencionar el asesinato de numerosos policías que han cometido en las últimas semanas en el país.
Para esto, se muestran abiertos a «coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto», día en que tomará posesión Petro, a desarmarse «en el momento indicado» y a «pedir perdón» aportando «verdad total e integral», algo que vendría de la mano de «reparar y, sobre todo, no repetir los actos criminales».
Pero esta voluntad de parar sus actividades criminales viene acompañada de una petición al Estado: «el país se debe reconciliar y, en la medida de lo posible, nadie debería llegar a la cárcel, pues está comprobado que (…) no cumple con los fines de resocialización».
La propuesta, que ya empieza a provocar polémica, coincide hoy con el 30 aniversario de la fuga del narcotraficante Pablo Escobar de la cárcel de La Catedral, construida por él mismo para un sometimiento a la justicia similar al que proponen hoy las bandas criminales.
CONTRA LA EXTRADICIÓN
En el escrito también hacen un alegato contra la extradición, «que debería operar solo en los casos donde haya ausencia de verdad, perdón, justicia, reparación y no repetición».
«Extraditar a las personas que cumplan con los postulados de la verdad significa una afrenta a la dignidad humana», agregaron.
El principal cabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, capturado en octubre pasado, fue extraditado a Estados Unidos en mayo de este año para responder por delitos de narcotráfico en un proceso cargado de polémica ya que dejó sin respuesta, al menos por ahora, muchas preguntas sobre crímenes del conflicto armado colombiano.
Además, su extradición propició la declaración de un «paro armado» de su grupo criminal que sembró el miedo en algunas regiones de Colombia dejando más de 300 hechos de violencia.
Justamente una delegación del Gobierno estadounidense llega hoy a Colombia para reunirse con Petro y tratar diferentes asuntos de la relación bilateral, entre los cuales figura «el trabajo conjunto para reducir la violencia y combatir a los grupos criminales».
BENEFICIOS DE LA JUSTICIA
En la carta se piden «garantías iguales a las que han obtenido los miembros de otros grupos armados al margen de la ley, la fuerza pública, agentes del Estado y terceros civiles que han participado activamente en el conflicto nacional».
«Hemos aprendido la lección que hoy en día por las armas no se llega al poder, que a este se debe llegar de manera democrática, así como lo hizo el presidente Gustavo Petro. Le decimos al país que estamos dispuesto a emprender este mismo camino», concluye el comunicado.
Petro, a su llegada al poder, enfrentará uno de los retos más acuciantes que enfrenta Colombia, el recrudecimiento de la violencia fruto de los enfrentamientos entre grupos armados.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya mostró su «plena disposición» a avanzar en el proceso de paz.
Para esto propuso dar continuidad a la Mesa de Conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017, mientras que por su parte Petro también se ha mostrado abierto a negociar con el ELN durante su Gobierno y a retomar los diálogos que de Quito fueron trasladados a La Habana, donde fueron interrumpidos en 2018.