La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) requirió a dos generales del Ejército Nacional para que entreguen información de manera voluntaria sobre la muerte de civiles que habrían sido etiquetados como ilegales en Antioquia en medio del conflicto armado.
Las citaciones tendrán lugar en los primeros días de junio e involucran al general Juan Pablo Forero Tascón, quien hoy está al frente de la inspección general de las Fuerzas Militares, y al general en retiro Pablo Alfonso Bonilla Vásquez.
De acuerdo con el tribunal de paz, el general Forero Tascón fue el comandante del Batallón de Infantería Atanasio Girardot entre enero de 2004 y diciembre de 2005, quien operó en varios municipios del departamento.
Los informes recolectados por la JEP dan cuenta de que en ese brazo del Ejército se presentaron hechos “constitutivos de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
En el proceso de investigación sobre esta unidad del Ejército algunos comparecientes han aludido a la comandancia de Forero Tascón, por lo que podrá escuchar antes de la audiencia las versiones de cuatro militares.
Si bien el uniformado no ha suscrito un acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz, deberá entregar detalles el próximo 9 y 10 de junio sobre el macro caso 03, que busca esclarecer las ejecuciones ilegítimas.
Por otro lado, el general en retiro Pedro Alfonso Bonilla hablará ante la JEP por el trabajo que llevó a cabo entre diciembre de 2005 y el 25 de octubre de 2006, cuando fungió como coronel en el Grupo de Caballería Mecanizada No. 4 Juan del Corral.
Los estudios de la Jurisdicción aseguran que, en ese tiempo, también hubo “muertes y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas en combate” en Antioquia.
Este último llegará a la Sala de Reconocimiento el 16 de junio y responderá preguntas hasta el 17 del mismo mes.
Piden a JEP exigir más compromiso a los ex-Farc
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que les exija a los excomandantes del frente 34 de las Farc–EP un mayor compromiso en su aporte a la verdad por los hechos ocurridos durante el conflicto armado en la región del Urabá, una de las regiones más afectadas por el conflicto en la historia de Colombia.
En un escrito de observaciones a las versiones rendidas por excomandantes de ese frente en el macrocaso 04, en el que se investiga la situación territorial en esa región, el Ministerio Público requirió una “mayor colaboración en casos relacionados con el reclutamiento de menores de 15 años, desapariciones originadas en el ajusticiamiento de líderes comunitarios y miembros de la fuerza pública no combatientes, así como en hechos de violencia sexual y de género cometidos contra la comunidad y al interior de sus filas”.
En el documento conocido por SEMANA se evidenció que si bien los comparecientes no reconocieron haber incurrido en desplazamiento forzado, los hechos asociados a la violencia ocurrida en Urabá, particularmente los ataques e incursiones perpetradas por ese frente, generaron indirectamente graves afectaciones al territorio y al tejido comunitario, social y familiar de sus pobladores, tanto en sus bienes materiales, como físicos y ambientales.
La Procuraduría pidió que se tenga en cuenta “un criterio preciso de fijación de responsabilidad, tanto a nivel individual como colectivo, así como establecer la metodología para determinar la responsabilidad como máximos partícipes determinantes de los comparecientes Luis Óscar Úsuga, Francy María Orrego, José Ignacio Sánchez Ramírez, Pedro Baracutao García Ospina, Vianey de Jesús Hernández Benítez, Nelson Elías Benítez Urrego y José Gregorio Castro Fajardo, en su calidad de comandantes del frente”.
Con relación al reclutamiento de menores, el Ministerio Público solicitó entregar a los comparecientes un listado con los nombres de jóvenes de los cuales haya registro, “para que se haga por parte de esa organización un ejercicio de mayor investigación y contrastación con la información que tengan en sus bases, a fin de que exista un pleno reconocimiento de reclutamiento de menores por la estructura guerrillera”.
Finalmente, pidió que sean llamados a rendir versión voluntaria varios exmiembros de las Farc–EP, quienes, en su calidad de máximos responsables o partícipes determinantes, fueron mencionados en diligencias rendidas en 2021 y no han sido convocados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, no obstante haber sido evidenciada su participación en hechos considerados como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.