EL Instituto Popular para la Capacitación y la Fundación Forjando Futuros le entregaron a la Comisión de la Verdad un informe sobre la violencia en la subregión de Urabá, en Antioquia y Chocó. En él se destaca los actos violentos cometidos por grupos paramilitares y financiados por grupos económicos, por más de dos décadas.
Martha Lucía Peña Duque, del IPC, explicó que este informe es una reflexión para la sociedad sobre las alianzas entre grupos al margen de la ley y sectores económicos, que han cometido delitos sistemáticos como homicidios selectivos, desplazamiento forzado, amenazas y despojo de tierra.
“Se ha acudido al despojo de tierra y los principales afectados son los campesinos, étnicos e indígenas. La violencia en Urabá, operó con una alianza del Estado, sectores empresariales y el periodo paramilitar. Eso tenía un sentido de beneficio económicos”, agregó la investigadora.
Manifiesta que la mayor conclusión es que estos grupos armados y políticos cometieron delitos de lesa humanidad, solo para poder extender proyectos económicos en el territorio.