Miembros de los Comandos Jungla de la Policía abatieron a seis presuntos miembros del Clan del Golfo y lograron capturar cinco más, en el municipio de Vegachí, Nordeste antioqueño.
De acuerdo con las autoridades, en la acción armada desarrollada en el corregimiento La Clarita también fueron dados de baja alias “Hugo” y alias “Perea”, hombres que pertenecerían a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, grupo armado que es liderado directamente por alias “Chiquito Malo”, uno de los hombres más importantes del Clan del Golfo, luego de la captura y extradición a Estados Unidos de alias “Otoniel”.
La Policía detalló que alias “Perea” era un desmovilizado del Bloque Centauros de las extintas autodefensas, que tenía más de 15 años en diferentes organizaciones criminales y en la actualidad tenía bajo su mando alrededor de 100 integrantes.
Además, las autoridades tienen indicios que este mismo cabecilla habría coordinado actividades criminales en contra de la Fuerza Pública y de la población durante el paro armado que esta organización estableció en los territorios que hace presencia.
Entre las actividades criminales que habría ordenado alias “Perea” se hallan el homicidio del patrullero Edison Acevedo Betancur el pasado 6 de mayo. Acevedo estaba asignado a la estación de Policía del municipio de Caracolí y el día de su asesinato se desplazaba de civil, en su moto, entre Yolombó y Vegachí.
Durante el operativo también fueron capturados alias “Chucho”, cabecilla político de la estructura; alias “Fercho”, cabecilla de la zona; así como alias “El Loco”; alias “Caco”; y alias “El Indio”.
Además, se incautaron dos fusiles, tres pistolas, un revolver, dos granadas, ocho proveedores de pistola, dos proveedores de fusiles, panfletos, computadores, memorias y documentación que está siendo analizada por las autoridades.
Según informaron los mandos de la Policía, con este golpe se sigue cerrando el círculo contra alias “Chiquito Malo”, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $5.000 millones.
Esta acción se suma a otra realizada en el municipio de Cáceres, en la que la fuerza pública logró destruir un enclave minero ilegal con el que esta estructura obtenía mensualmente $1.000 millones.