Con relación a la reparación colectiva la Unidad informó que se ha realizado una inversión que supera los 158 millones, los cuales se han materializado en proyectos de infraestructura para el barrio, como el parque Sendero de la Reparación Colectiva, la adecuación y dotación de la caseta comunal, entre otros proyectos.
Además se encuentran en desarrollo, según la Unidad, proyectos como la creación de un centro social comunitario para proyectos productivos, adecuar el centro del adulto mayor en el barrio Obrero y la caseta de la memoria, un espacio que abarcará los relatos históricos de esta y otras masacres emblemáticas ocurridas en la subregión.
Mediante vía administrativa, la Unidad informó que ha entregado más de 435 millones de pesos para la indemnización de 55 familiares directos de las víctimas mortales de esta masacre, además del acompañamiento en escenarios de reconciliación y reconocimiento de la verdad ante los diferentes estamentos judiciales y ante los actores de la masacre como el acto de perdón realizado el 30 de septiembre del 2016 en el Colegio San Pedro Claver, del municipio de Apartadó (Antioquia), en que el jefe negociador de las Farc, ‘Iván Márquez’, ofreció perdón a las víctimas.
Con relación a las víctimas sobrevivientes la Unidad dijo que estas no han dejado de trabajar por el total esclarecimiento de la verdad y en el resarcimiento de las afectaciones, logrando la acreditación en el caso 004 ante la Jurisdicción para la Paz (JEP), y que a su vez fuera admitido ante la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Masacre sucedió en la madrugada del 23 de enero de 1994 cuando en el barrio obrero de Apartadó se celebraba una verbena popular. En ese momento, por lo menos 20 encapuchados, presuntamente de las Farc tal como se relata en el expediente, dispararon de forma indiscriminada en contra de los asistentes al festejo.
Según las versiones recogidas en esa oportunidad por las autoridades, los supuestos guerrilleros inicialmente tenían la intensión de perpetrar asesinatos selectivos, por lo que solicitaron los documentos de identidad a los pobladores, en busca de los reinsertados del movimiento político «Esperanza paz y libertad».
Señala el expediente que desde su reincorporación a la vida civil, los militantes de este movimiento fueron sometidos a un trabajo sistemático de exterminio, situación que se empeoró cuando varios de ellos invadieron el predio La Chinita, resistiéndose a las órdenes de desalojo del alcalde de Apartadó.
