La Defensoría del Pueblo lanzó este viernes una alerta temprana por presencia de esos grupos ilegales en el Chocó.
Sostiene la Defensoría del Pueblo que las dificultades en la implementación de medidas de prevención y protección eficaz del Estado en los territorios dejados por las Farc establece un escenario propicio para el reposicionamiento del Clan del Golfo y el ELN.
Estos grupos criminales tendrían, según el organismo humanitario, interés en controlar zonas estratégicas para la movilidad, abastecimiento y explotación de actividades económicas ilegales en los municipios chocoanos.
Las disputas entre los grupos armados ilegales vienen afectando directamente a poblaciones étnicas del Chocó, lo que se expresa en el aumento de acciones de carácter selectivo y colectivo como amenazas, intimidaciones y señalamientos contra la población civil y autoridades étnicas, además de muertes selectivas, masacres, restricciones a la movilidad, reclutamiento, confinamientos y desplazamientos forzados.
En el caso del ELN, el Frente Resistencia Cimarrón trata de copar territorios donde el Frente 57 de las Farc tuvo mayor injerencia, con el propósito de obtener el dominio territorial y controlar una de las principales rutas para el tráfico de armas y cocaína entre Colombia y Centroamérica.
“Municipios como Bojayá, Medio Atrato y Quibdó hacen parte de los intereses del ELN, con el fin de avanzar desde el Alto y Bajo Baudó hacia los municipios de la costa pacífica y las sub regiones del Medio y Bajo Atrato, dando mayor importancia a municipios como Juradó”, explica la Defensoría.
Entre tanto, el proceso de expansión del Clan del Golfo desde el Bajo Atrato se da a través de las cuencas de los ríos Truandó, Domingodó y Jiguamiandó, que se conectan con las cabeceras de los ríos Napipí, Opogadó y Bojayá, en el municipio de Bojayá, conformando un corredor estratégico de salida a la costa Pacífica.
Ese corredor conecta los municipios de Nuquí y el Alto Baudó por el resguardo Indígena Chori -Jurubira, zonas disputadas con el ELN.