La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vinculó formalmente al empresario y exintegrante de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, Luis Gonzalo Gallo, al caso que investiga hechos victimizantes en la región de Urabá durante el conflicto armado y lo citó a declarar.
De acuerdo con fuentes en el tribunal, la decisión se produjo debido a que a juicio del despacho, el empresario Gallo podría considerarse como un “máximo responsable” del “macrocrimen” de desplazamiento forzado en Urabá y la subregión de Tulapas.
Particularmente su caso se basa en las afectaciones a más de 130 familias, las cuales fueron sacadas de sus hogares y sus fincas posteriormente compradas por el Fondo a testaferros de las Autodefensas como Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño, quien citaba a los desplazados a comprarles sus tierras a precios irrisorios bajo presión y usando como fachada una fundación llamada Funpazcor.
Además, dentro de lo revelado por las fuentes a W Radio, fue vital para tomar esa decisión el testimonio del exgerente del Fondo Benito Osorio, quien señaló que los integrantes de la junta directiva del Fondo se reunieron precisamente con Sor Teresa Gómez (ella también lo confirmó en indagatoria) en la Finca “La 52″, propiedad de Luis Ángel Zapata, primo de los hermanos Castaño.
Allí, según los testigos, se designó a la cuñada de los Castaño como intermediaria para la compra de las tierras y por un precio menor a los $350.000 por hectárea. Todo lo anterior fue extraído por el despacho, de la acusación con la que Gallo Restrepo fue llamado a juicio por la Fiscalía en la justicia ordinaria previo a su sometimiento ante la JEP.
Las fechas en las que el empresario deberá presentarse ante la Jurisdicción para rendir versión voluntaria fueron fijadas para los próximos 16 y 17 de diciembre de manera presencial.