Sesenta y nueve comunidades indígenas de la región de Urabá quedaron acreditadas como víctimas en el caso 04 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre la situación de conflicto en esa región que comparten Antioquia y Chocó.
En total son 11.762 personas pertenecientes a los pueblos indígenas Guna Dule, Embera (Eyábida, Dóbida, Chamí), Wounan y Senú, que habitan los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, en Chocó; y Chigorodó, Carepa, Mutatá, Turbo, Apartadó y Dabeiba, en Antioquia.
La magistrada Nadiezhda Henríquez, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, quien es relatora del caso 04, determinó la acreditación de estos resguardos y cabildos indígenas que podrán participar en calidad de intervinientes especiales para que puedan aportar pruebas, presentar observaciones a las versiones que rindan los comparecientes, recibir copia del expediente y participar en todas las etapas de los procesos judiciales del caso 04.
Al presentar su solicitud a la JEP, las comunidades indígenas de los pueblos Guna Dule, Embera (Eyábida, Dóbida, Chamí) Senú y Wounaan del Bajo Atrato y Darién chocoano le relataron a esa justicia especial que han sido víctimas del conflicto armado, de múltiples violaciones a los derechos humanos manifestadas en asesinatos, intimidaciones y hostilidades a las comunidades, que afectaron a cada una de ellas de forma diferenciada.
Igualmente, las comunidades indígenas de Antioquia, pertenecientes a los pueblos Embera (Eyábida, Dóbida, Chamí) y Senú, manifestaron que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos como desplazamientos forzados que tuvieron un fuerte impacto en sus formas de autogobierno y procesos organizativos.
Al analizar la solicitud de acreditación colectiva de estas 69 comunidades, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta, entre otros requisitos, la manifestación voluntaria de las víctimas de participar en el caso, el relato de lo sucedido, las pruebas que demuestran su condición de víctimas y la información de cómo se llevará a cabo su representación judicial.
La JEP abrió el caso 04 en septiembre de 2018, este caso prioriza la situación territorial de la región de Urabá para investigar graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario entre el 1 de enero de 1986 y el 1 de diciembre de 2016, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el departamento de Antioquia, y el Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó. En este caso ya han rendido versión 8 comparecientes de las Farc y 18 de la Fuerza Pública implicados en estos hechos victimizantes.